Tal y como paso con el inservible Sistema Estatal Anticorrupción que tardo meses para instalarse debidamente en la entidad, Tlaxcala será de los últimos estados en crear la Fiscalía General del Estado que venga a sustituir a la maltrecha y desgastada Procuraduría General de Justicia que está bajo la responsabilidad del ineficiente pero engreído José Antonio Aquiahuatl Sánchez.
La iniciativa de ley que presentó el diputado morenista Víctor Manuel Báez López para crear la Fiscalía General del Estado no pasará en los términos en que está planteada, pues el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no está conforme con los términos y condiciones que se pretenden aprobar en esa norma para designar al primer responsable de esa nueva dependencia.
Incluso, esa iniciativa fue un factor decisivo para cortar la cabeza a Báez López de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, ya que ahora se sabe que ese movimiento fue alentado y avalado por el mandatario tlaxcalteca a través de su bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien operó con “los diputados amigos” para facilitar la caída de su ex aliado.
Víctor Manuel Báez buscaba que el proceso para designar al futuro fiscal recayera en el Congreso del Estado, quien controlaría la convocatoria y la evaluación de los aspirantes al cargo para después enviar al Ejecutivo una lista de ocho propuestas para que éste integrara una terna que debería ser turnada al Poder Legislativo, donde finalmente el pleno tendría la facultad de nombrar al fiscal.
Si bien el gobernador ya había aceptado la creación de la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que él pretendía tener injerencia en la elección de ese importante funcionario que permanecerá en el cargo por seis años, es decir, buscaría dejar a un aliado e incondicional en esa posición que lo mantuviera informado de los casos relevantes incluso después de dejar el poder en agosto del 2021.
Pero al no existir condiciones para que el gobernador Mena tuviera mano en la designación del fiscal, se optó por reventar al diputado Báez López y su iniciativa, la cual difícilmente será avalada en los términos actuales para que sea presentada y votada en el pleno, ya que la instrucción para los nuevos “diputados amigos” es frenarla y hacer “los ajustes” necesarios para que la propuesta de crear la Fiscalía General del Estado pueda caminar sin problemas.
A finales del mes pasado, el legislador morenista declaró sobre el tema de la fiscalía y precisó que “la renuencia a abordar el tema y que no sea contemplado en el periodo extraordinario de sesiones –que aún no se ha definido-, no es exclusiva de diputados opositores, sino que también ha sido por miembros del partido al que representa”.
“Sin referir que personajes son los que se han negado para que la iniciativa prospere, señaló que se están entorpeciendo los trabajos con relación a sacar el asunto de la Fiscalía”. Lo anterior fue una declaración que el diputado Báez realizó a un reportero de El Sol de Tlaxcala.
Resulta más que obvio la absurda estrategia montada por el gobierno del estado y algunos diputados locales para frenar la creación de la mencionada fiscalía, lo cual es lamentable porque tarde o temprano ese asunto se deberá discutir, analizar y aprobar, proceso que será muy vigilado porque la gran mayoría de los tlaxcaltecas quiere un fiscal autónomo, independiente y profesional y no un fiscal carnal del gobernador o un fiscal carnal de los diputados.
Tamaulipas, Hidalgo, Baja California, la Ciudad de México, Baja California Sur y Tlaxcala son las únicas entidades del país donde por alguna extraña razón se mantienen operando las procuradurías de justicia, pues en el resto de los estados ya funcionan las fiscalías generales.
Hay quienes aseguran que Tlaxcala tendrá fiscalía antes de que concluya el presente año, sin embargo hay otros que sostienen que esa nueva dependencia será una realidad hasta el 2020 si bien nos va.
Por lo pronto tendremos que seguir padeciendo con la ineficiente y desgatada Procuraduría General de Justicia en el Estado. O no.