La acción de elementos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado que lograron desmantelar a una presunta banda de secuestradores que operaba en Tlaxcala y Puebla resulta un tanto inverosímil, que más bien parece una pantomima para esconder la ineficiencia y la falta de resultados y extender una cortina de humo para permitir que la verdadera delincuencia organizada siga haciendo de las suyas con total impunidad.

Después de sostener una y otra vez que en Tlaxcala no operaba ni existía el crimen organizado, la dependencia que mal dirige el procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, envió un comunicado de prensa para presumir el rescate de tres víctima de secuestro por parte de una organización criminal, que según ese comunicado, tenía presencia en la entidad y en el estado de Puebla.

De acuerdo con la versión oficial, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la PGJE y la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla lograron desmantelar en el municipio de Acatzingo, Puebla, una banda de secuestradores compuesta por diez personas, quienes mantenían privados de su libertad a tres tlaxcaltecas que habían sido levantadas en Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Y su labor fue tan eficiente y eficaz en ese exclusivo caso que en casi 48 horas no sólo el personal de ambas dependencias descifró el modus operandi de esa organización criminal, sino que con “trabajo de inteligencia y en base al manejo de crisis, así como a sus consistentes técnicas de investigación policial, gabinete, campo y análisis de información” llevaron a cabo un operativo que permitió detener a los secuestradores y liberar a los tlaxcaltecas retenidos contra su voluntad.

El pasado 14 de junio implementaron un “sigiloso operativo” de pago de “rescate controlado”, el cual se llevó a cabo en el municipio de Acatzingo, Puebla. Ahí se ubicó a tres maleantes, quienes tomaron el dinero y se dirigieron a bordo de un vehículo particular hacia un domicilio localizado en calles de la misma población.

Al final los elementos de Tlaxcala y Puebla pudieron recuperar el dinero pagado por el rescate, liberar a los tres tlaxcaltecas y detener a los novatos integrantes de esa organización criminal, con lo cual el gris procurador del estado, José Antonio Aquiahuatl, pretende vender como una gran acción y logro, al grado que ayer en una entrevista difundida en el portal Línea de Contraste dejó entrever que buscará mantenerse al frente de la dependencia cuando ésta se transforme en la Fiscalía General del Estado.

Sólo el procurador sabe las razones por las cuales sigue en el cargo y los motivos por los cuales el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez insiste en mantener a un pésimo funcionario, cuando es evidente que los verdaderos criminales que operan en Tlaxcala siguen libres y llevando a cabo secuestros exprés, robo de camiones de carga y otros delitos como el huachicol sin que nadie haga algo para detenerlos.

En Tlaxcala un delito de alto impacto como el secuestro se ha multiplicado este año y aunque la mayoría de ese tipo de ilícitos (entre el 97 y 98 por ciento) no se denuncia, la realidad es que está presente y que la detención de una inexperta banda de secuestradores no es motivo para festejar y menos para avalar el trabajo del labioso procurador.

Resulta extraño que la captura de esa organización criminal se haya dado en menos de 48 horas y en medio de una crisis de seguridad en Tlaxcala, en donde la principal demanda que ya se dejaba escuchar era la de un cambio de procurador.

Y por lo que se ve el actual responsable de la PGJE sólo puede resolver los “casos montados” o aquellos en los que intervienen agentes y ministerios públicos de otras entidades, porque los asuntos concernientes a los múltiples homicidios dolosos que se han registrado en los últimos días o al robo de un cajero en una conocida universidad de Tlaxcala siguen sin avanzar.

Para nadie es un secreto que Aquiahuatl Sánchez es un funcionario de contentillo y sino que le pregunten al comandante Rohny León Martínez, quien junto con otros dos elementos de la PGJE dejó hace unos días de ser escolta personal del procurador. Según dicen que “el jefe” se sintió amenazado, pero no crea que en su persona, sino en su ego de macho alfa, de ahí que decidió castigar a esos agentes enviándolos a la complicada región de Calpulalpan.

Imagínese en manos de quién está la procuraduría.