El proceso de aprobación o no de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables de Tlaxcala ha empezado a ser distorsionados no sólo por los que filtraron información que se suponía era confidencial o que aún no podía ser revelada, sino porque se pretende ensuciar ese proceso con señalamientos de corrupción y venta protección cuando nadie conoce el contenido y detalles de los dictámenes que deberán establecer claramente las responsabilidades y acciones legales que enfrentarán los responsables de los quebrantos financieros en los ayuntamientos, dependencias estatales y en los organismos públicos autónomos y descentralizados.
Si bien hoy se habla que una veintena de cuentas públicas podrían ser reprobadas por los diputados locales una vez que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) determinó en sus revisiones que esos entes superaron el 7 por ciento de anomalías financieros en su gasto total, lo anterior no quiere decir que las observaciones millonarias se borrarán y se olvidarán.
Aunque los dictámenes cuenten con el aval de la mayoría de los legisladores locales, las observaciones ahí se quedarán y éstas no serán perdonadas o solventadas por ese simple hecho, ya que de acuerdo con la ley se tendrán que agotar los pasos legales para recuperar esos recursos públicos y evitar que esas irregularidades queden sin castigo.
De ahí la importancia de revisar y no permitir omisiones en los dictámenes que serán aprobados por los diputados tlaxcaltecas, quienes deberán garantizar que el proceso de fiscalización será profesional y no caerá en casos de corrupción como se ha especulado en los últimos días.
Y me explico, si la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) manejó durante el 2018 la cantidad de 1,500 millones de pesos en su presupuesto de obras y las observaciones con daño patrimonial son cercanas a los 600 millones de pesos que representa un porcentaje del 4 por ciento, el dictamen correspondiente deberá englobar todas las conductas que pueden ser constitutivas de un delito, así como el detalle de los montos implicados para que el OFS esté obligado a seguir con los procedimientos resarcitorios o penales para evitar que ese dinero público se pierda definitivamente sin que haya un castigo.
O en el caso del ayuntamiento de Huamantla que se tiene documentado que las autoridades compraron camiones recolectores de basura con un sobreprecio de un millón de pesos. La cuenta pública de ese municipio será aprobada por que las observaciones graves apenas si llegaron al 5 por ciento del total de su gasto, sin embargo ahí la recomendación de los auditores será dejar firmes los pliegos de cargos para que los funcionarios involucrados regresen el recursos público que supuestamente se ejerció de manera incorrecta.
Se dice que los excesos y abusos de los presidentes municipales y sus tesoreros rondan los 280 millones de pesos que se encuentran observados y documentados por el Órgano de Fiscalización Superior durante el 2018.
A esa cifra habrá que sumar los montos de las observaciones que tendrán las dependencias estatales y los organismos públicos descentralizados.
No sería raro que al final las anomalías catalogadas como daño patrimonial sumen los mil millones de pesos, por lo que si bien se aprobarán la mayoría de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables, lo importante es que se ordene a las autoridades involucradas iniciar los procedimientos legales para que esos recursos sean reintegrados a las arcas públicas al comprobarse que son generados por graves anomalías y que no se dará por perdido ese dinero.
Los diputados locales están obligados a elaborar profesionalmente los dictámenes y evitar favoritismos o irregularidades como las que tienen los dictámenes que aprobaron para entregar los recursos que autorizaron para apoyo al campo tlaxcalteca, pues el tramposo legislador del PRD Miguel Ángel Covarrubias Cervantes logró que ese patrocinio fueran repartido de manera gratuita a los campesinos de los municipios que forman parte de su distrito mientras que en el resto de las poblaciones del estado se pide una aportación económica a los alcaldes y a los beneficiarios.
Pronto veremos cómo camina y evoluciona el proceso de fiscalización y revisión de las cuentas públicas que hoy en día está manchado por el torpe trabajo y falta de liderazgo de la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, la zombie morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, quien no cuenta con la confianza ni el respaldo de los legisladores que integran ese importante e influyente cuerpo colegiado.
Me doy por avisado
Desde hace semanas este reportero ha sido víctima de cobardes ataques a sus propiedades con una clara intención de generar miedo.
El primer ataque a mi vehículo lo interpreté como un accidente, pero la constante repetición y los hechos ocurridos este fin de semana me dejan claro que no es una casualidad o un hecho atípico.
Las agresiones a miembros del equipo de e-consulta Tlaxcala han sido la constante y sería un tanto irresponsable hacer un señalamiento específico de un culpable sin tener las pruebas que lo comprueben.
De las amenazas han pasado a la agresión a mi patrimonio. Un aviso de un próximo ataque a mi persona no lo sé, sin embargo esas actitudes cobardes no influirán en nuestra labor diaria. Seguiremos aquí y no cambiaremos la línea editorial ni nuestra postura crítica por más actos intimidatorios que realicen en nuestra contra.
Lamento hacer público lo anterior, pero en ocasiones es necesario dejar un antecedente y sobre todo denunciar que en Tlaxcala hay quienes buscan intimidar y acallar a reporteros.