La nueva ola de violencia que golpea al estado de Tlaxcala debe ser un serio motivo de preocupación para el gobierno estatal, no sólo porque ese fenómeno destruye la poca buena imagen que aún conserva el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez, sino porque pone en evidencia la podredumbre que prevalece al interior de las dependencias encargadas de la seguridad y de la impartición justicia.
En menos de 24 horas se registraron en la entidad seis homicidios violentos, que si bien no todos están relacionados al crimen organizado, lo cierto es que mientras el gobernador dedica tiempo a participar y apoyar el mitin de la unidad y defensa nacional al que convocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Tijuana, Baja California, también estaría obligado a dedicar unas horas de su trabajo para tratar de enfrentar y contener los altos índice delictivos que existen en el estado.
Tlaxcala se tiño de rojo y los reclamos en las “benditas” redes sociales contra el gobernador fueron la constante durante el fin de semana, más cuando los ciudadanos y ciudadanas perciben la incapacidad de la policía estatal a cargo de Eduardo Valiente Hernández y del banal procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quienes deberían renunciar porque su trabajo es pésimo y porque sus torpezas ya son atribuidas a su jefe.
De la policía estatal sobra decir que no hay inteligencia, ni estrategia y que la inversión que se realizan para multiplicar el número de cámaras de video vigilancia no sirve de nada. Simplemente no hubo ningún detenido de los seis homicidios violentos registrados el fin de semana y los uniformados sólo sirven para custodiar las escenas del crimen.
Los tlaxcaltecas tienen suficientes razones para estar molestos con sus autoridades estatales, porque la promesa del gobernador Mena de incrementar en 50 por ciento el número de policías y concretar una inversión millonaria en equipo y tecnología sigue sin cumplirse a casi dos años que ésta se hiciera pública.
Pero donde quizá las cosas estén peores, es en la Procuraduría General de Justicia del Estado donde cada vez hay más elementos para señalar que en esa dependencia hay corrupción, negligencia, omisión y hasta complicidad con los criminales que actúan impunemente en Tlaxcala.
Unos ejemplos de lo anterior tiene que ver con la detención de José Carlos “N” por parte de elementos de la policía municipal de Apizaco, quienes tuvieron que hacer el trabajo de los agentes investigación de la PGJE que nunca intentaron aprehender a esa persona que contaba con una orden judicial por tener responsabilidad en un homicidio.
El presunto criminal fue capturado la noche del sábado a las 21:30 horas cuando se encontraba en el interior de una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de la calle Jesús Carranza y avenida Juárez, de la colonia Jesús y San Juan del municipio de Apizaco.
El presunto culpable está relacionado con el asesinato de una persona registrado el pasado 25 de octubre del año 2018, cuando en compañía de otro sujeto robó la cantidad de 50 mil pesos a Miguel Ángel N, quien al resistirse al asalto recibió un balazo que horas más tarde le quitó la vida.
Familiares de la víctima han señalado que elementos de la policía de investigación de la PGJE les solicitaron dinero para que pudieran ejecutar la orden de aprehensión, lo cual representó una burla porque al presunto agresor y maleante siempre se le vio caminando por Apizaco como si no enfrentara ninguna orden de aprehensión.
Si ese sujeto hoy se encuentra tras las rejas es por la policía municipal de Apizaco y no por los agentes de la PGJE.
Pero no crea que esa información es la única que le esconden al gobernador en la PGJE, sino también está el caso de una banda que desde hace unas semanas opera en Tlaxcala y que se dedica al secuestro exprés.
Este asunto que puede considerarse como otro ejemplo de lo mal que está la PGJE, involucra a los jefes del área de secuestros de la dependencia, el comandante Tepox y al coordinador de ese cuerpo de nombre Raúl Moreno, quienes saben que en los últimos días se han registrado por lo menos 10 casos de personas que han sido privadas de su libertad y horas más tarde son liberadas cuando la familia paga por su rescate.
El viernes un empresario fabricante de queso en Tlaxcala y Oaxaca enfrentó esa horrible experiencia. Cuando conducía su camioneta con placas de este estado fue detenido por 8 criminales que se transportan en automóviles de lujo y tras pagar un millón de pesos fue liberado sin que no hubiera ningún detenido.
Lo raro es que los mencionados policías de la PGJE saben del modus operandi de esa banda y se oponen a que alguna autoridad ajena a ellos intervenga en los casos de esos secuestros exprés, como si en lugar de hacer todo lo posible por detenerlos, en realidad dieran las facilidades para que esos maleantes lleven a cabo sus ilícitas actividades.
De acuerdo con la información del área de inteligencia de la PGJE y que el procurador Aquiahuatl Sánchez tendría bajo su custodia, esa banda estaría siendo manejada por el jefe huachicolero de la región de San Martín Texmelucan conocido como “El Loco Torres”.
Se dice que una vez que ese criminal dejó de extraer gasolina robada en los ductos de San Martín Texmelucan, cambió su operación a los municipios poblanos de Chignahuapan y Xicotepec de Juárez donde también optó por ampliar su catálogo de delitos al dirigir una presunta banda de secuestro exprés que opera en Tlaxcala, donde la PGJE no hace el mínimo esfuerzo para detenerla.
Con esas autoridades los ciudadanos estamos indefensos. O no.