Si el experto en “negociaciones machas” piensa que con montar instalaciones alternas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) doblará al personal que mantiene tomadas las oficinas de esa dependencia en demanda del pago de derechos ganados, la reactivación de la carrera administrativa, la restauración de compensaciones y la recategorización se equivoca, porque llevarán su movimiento hasta la últimas consecuencias sin la nefasta intervención del líder de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona.
El personal de las oficinas centrales está cansado de la soberbia del aspirante a poeta que funge como secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, quien desde enero del 2017 cuando fue designado intentó maltratar a esa burocracia que en los sexenios de los gobernadores Alfonso Sánchez Anaya, Héctor Ortiz Ortiz y Mariano González Zarur fue consentida, sobre todo por el último titular de esa dependencia, Tomás Munive Osorno.
La administración de Marco Antonio Mena Rodríguez si cumplió sus compromisos con el SNTE, pero éstos fuero exclusivamente para sus dirigentes que lograron conservar sus privilegios y a la vez incorporarse como titulares de áreas en el gabinete estatal como la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana donde cobra el inútil de Lenin Calva Pérez.
A cambio de ese acuerdo no escrito, el poderoso sindicato magisterial aceptó perder el control de algunas posiciones claves en la Secretaría de Educación y los privilegios ganados en otros gobiernos, situación que hoy en día los trabajadores de la delegación D-III-1 de la Sección 31 del SNTE ya no están dispuestos a tolerar ni un día más.
Por más de dos años los miembros del SNTE aceptaron su nueva realidad que les llevó a perder posiciones, estímulos y compensaciones. Tampoco tuvieron posibilidades de aspirar a cargos de mayor relevancia dentro de la estructura administrativa, situación que utilizó Manuel Camacho para incorporar a engreídos colaboradores que hoy son insoportables para los trabajadores como la directora de Relaciones Laborales de la USET, Claudia Xochihua.
Aunque no lo reconozcan las autoridades estatales, el paro de labores de la USET afecta el desarrollo de la dependencia y a los estudiantes sobre todo porque está a punto de concluir el presente ciclo escolar.
Sin recurrir a un excesivo protagonismo, Gwendolynee Amaro Ramírez, secretaria general de la delegación D-III-1 de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene firme en el movimiento que cuenta con todo el respaldo de sus compañeros, de ahí que ayer decidieron ampliar su protesta a las oficinas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente que se localizan en el municipio de San Pablo Apetatitlán, mismas que fueron tomadas y cerradas.
Demetrio Rivas está rebasado y no tiene ninguna influencia sobre ese personal que cada día gana más el respaldo de los maestros tlaxcaltecas, quienes estarían más que dispuestos a llevar a cabo acciones de apoyo, más cuando comprueban que sus dirigentes no sirven para nada y que sólo buscan su beneficio personal.
Una prueba de lo anterior, es el caso de Jorge Guevara Lozada, el nuevo dirigente de la Sección 55 del SNTE que recientemente fuera designado en un congreso amañado, quien rápidamente se ha ganado el repudio de los docentes de ese gremio.
A un mes de haber asumido el cargo no ha recorrido ni visitados ninguna institución educativa para entrar en contacto directo con los profesores, tal y como lo hicieron sus innombrables antecesores.
El creído líder sindical ha declarado que no visitará ninguna escuela y que si los maestros de la sección lo quieren ver, entonces que pidan una cita y acudan a sus oficinas para ponerse a sus órdenes, porque según él se merece esa distinción y trato.
El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez minimiza la protesta contra su funcionario consentido Manuel Camacho y resta importancia a las demandas de los trabajadores, lo cual puede representar un error porque si el malestar crece el problema puede salirse de control y tener otras implicaciones.
Su liderazgo como jefe político del estado ya es cuestionado por los conflictos que se han registrado al interior del Poder Legislativo y el Poder Judicial, mismos que ayer trato de evadir bajo el argumento de que es respetuoso de la división de poderes y de la autonomía de los mismos, sin embargo es obvio que está inmiscuido y que al menos en el conflicto interno de los magistrados que disputan la presidencia de TSJE pronto saldrá raspado si es que al final la justicia federal sostiene a Héctor Maldonado Bonilla en esa posición.