Tuvieron que pasar casi dos años y cuatro meses para que por fin los funcionarios encargados de la seguridad y de perseguir y detener a los delincuentes reconocieran que en Tlaxcala los homicidios dolosos van en aumento y también el uso de armas de fuego por parte de los criminales, fenómenos que hoy son la constante y que para desgracia de los tlaxcaltecas las autoridades pretenden enfrentar ese problema con declaraciones.
Tras los hechos violentos registrados el domingo con la aparición de dos presuntos ejecutados en el municipio de Españita y el asesinato de una agente de la Fiscalía General de la República en la capital del estado, a los funcionarios responsables de la seguridad no les quedó otra más que aceptar que la entidad vive uno de sus episodios más preocupantes de crueldad por parte del crimen.
El gris procurador general de Justicia del estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, reconoció que en el 90 por ciento de los homicidios dolosos registrados del 2017 a la fecha estuvo involucrada una armas de fuego, lo que demuestra la enorme violencia a la que recurren hoy en día los maleantes para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Torpe y sin un adecuado manejo mediático, el inútil funcionario no dijo cuántos de esos homicidios dolosos ya fueron resueltos y cuántos presuntos asesinos ya habían sido detenidos y estaban en la cárcel, pues como suele ser su costumbre trató de justificar la violencia que vive el estado con el pueril argumento de que en muchos de los crímenes se cometen en otras entidades y los vienen a arrojar a Tlaxcala.
Más tardó en fijar una postura para evadir su pésimo trabajo que en ser evidenciado por el secretario de Seguridad en Tlaxcala, Eduardo Valiente Hernández, quien en un arranque de pura honestidad afirmó que “el argumento de que los cuerpos hallados sin vida y con signos de violencia no son de personas originarias de Tlaxcala no es un argumento válido, pues las autoridades deben asumir su responsabilidad”.
“Más allá de argumentos de que si los privan de la vida en otro estado y los vienen a dejar aquí eso no es razón alguna, es nuestra responsabilidad atender la problemática y evitar que ello suceda”.
Al menos un funcionario estatal ya se quitó la venda de los ojos y enfrentó la cruda realidad que se vive en Tlaxcala. Palabras más palabras menos reconoció que en materia de seguridad el gobierno del estado está fallando y que resulta ridículo justificarse cuando es notorio que los criminales cometen ilícitos y operan con impunidad en tierras tlaxcaltecas.
Si el procurador José Antonio Aquiahuatl tuviera tantita materia gris y un poco de dignidad, seguramente presentaría su renuncia para refugiarse en la supuesta “academia” que nunca debió dejar porque ahí si hacía muy bien lo suyo y que es apantallar pende…O no.
Todos le dieron la espalda a Héctor Maldonado
Los intentos por lograr un apoyo institucional que lo reconociera como aún presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado nunca llegó, por lo que el magistrado Héctor Maldonado Bonilla comprobó que estaba sólo y que su amigo el ex diputado Mariano González Aguirre, hijo del ex gobernador Mariano González Zarur, no le quedó ni un peso de fuerza para convocar a la defensa de su coto de poder.
La permanencia de Mario de Jesús Jiménez Martínez como nuevo presidente del Poder Judicial es inevitable, de ahí que ayer continuó con la limpia de funcionarios marianistas que fueron incrustados en la nómina.
En la contraloría interna del TSJE fue designado Francisco Javier Santillán Cuautle, ex consejero, ex aspirante a presidente de la CEDH y ex cuñado de la super delegada federal Lorena Cuéllar Cisneros.
El ex diputado del PRI y ex funcionario en la pasada administración, Ignacio Ramírez Sánchez, fue removido de ese cargo y sus súplicas de despedir exclusivamente a la ex Secretaria Ejecutiva del Poder Judicial, Giorgette Alejandra Pointelin González, simplemente fueron ignoradas.
Otro marianista que perdió su chamba fue Mauricio Rugarcía Hernández, quien se desempeñaba como responsable del Archivo Judicial. En el gobierno de Mariano González se hizo cargo de dirección administrativa de la oficina del mandatario y de la nómina de los que cobraban sin trabajar.
También fue despedido Ángel Magdiel Benítez de la secretaría particular, donde se le encontró acomodo a Alfonso Méndez Acametitla, hermano del ex diputado local perredista Salvador Méndez Acametitla.
En la secretaría privada se designó a María del Carmen Isabel Piedras y se procedió a despedir a Verónica Rodríguez Camarillo. También fue cesada la poblana y ex consejera electoral Rosalba Velázquez Peñarrieta, quien cobraba como directora del Instituto de Especialización Judicial.
En comunicación social fueron despedidos Elsa Martínez Flores y David Dan Perezarate para dar paso a Víctor Manuel Ávila García, ex vocero del Congreso local, de la CEDH, de la PGJE, del INEA y del IET, así como Hilario Hernández Cervantes, hermano del director del El Sol de Tlaxcala, quien recupera esa posición que había perdido con el despido del ineficiente ex vocero del TSJE, Ismael Gracia.