Un escándalo mayúsculo es el que podría enfrentar el impoluto procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, una vez que los familiares de dos detenidos recurran a las instancias legales y de Derechos Humanos para exponer el amañado caso que se les armó para involucrarlos en la muerte de Diego N., hijo de ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz.
Pese al enorme sigilo y discreción a la que recurrieron en la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) para ocultar hasta el mismo gobernador de Tlaxcala la investigación en torno al fallecimiento del mencionado joven de 28 años de edad, quien perdiera la vida el pasado 31 de enero en el domicilio ubicado en calle Heroico Colegio Militar número 6 de la capital luego de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, los excesos y probables abusos de ese expediente han empezado a conocerse.
Aunque inicialmente se había comprobado que el disparo salió de una pistola que el mismo Diego N. manipulaba bajo los influjos del alcohol y otras sustancias según consta en la carpeta de investigación, lo cierto es que se dice que, de la noche a la mañana, por alguna poderosa influencia y un abundante estímulo, la indagatoria se amplió para tratar de llevar a la cárcel a dos personas que estuvieron presentes cuando sucedieron los lamentables hechos.
El caso fue encargado a los hombres de confianza –David Mejía Morales y Raúl Moreno- del maquiavélico José Antonio Aquiahuatl que se comprometió, en ese caso en específico, a entregar resultados a la brevedad, lo cual lo cumplió hace unos días.
Se sabe que el pasado 20 de abril agentes de la PGJE hicieron los trámites legales necesarios para detener en Cancún a un joven y a uno más al inicio de esta semana en el aeropuerto de la Ciudad de México tras tomar un vuelo en el estado de Oaxaca.
Se presume que a ambos se le fabricaron delitos y responsabilidad penal, ya que al principio el caso de Diego N. se manejó como un suicidio al estar jugando a la “ruleta rusa”, pero después se amplió la indagatoria sin que nadie explicara los motivos y las razones.
Los familiares y abogados de los dos detenidos perciben que el caso fue armado para perjudicar a los jóvenes que estaban con el hijo del ex rector de la UAT, por lo que ya alistan su defensa y su solicitud a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervenga y ayude a determinar que el proceder de los agentes de la PGJE encargados de la investigación junto con el Ministerio Público fue incorrecto y que operaron para incriminarlos.
Sobre este caso llama la atención el enorme sigilo y celeridad con que actuó el personal a cargo del obscuro procurador Aquiahuatl Sánchez, quien por alguna extraña razón no ha presumido esas detenciones como suele hacerlo con otras que realiza su dependencia y que resultan cotidianas.
La sospecha de que en Tlaxcala la justicia es pronta y expedita por encargo crece, lo cual resulta lamentable porque explicaría muy bien la enorme impunidad que prevalece en el estado.
Veremos en qué termina este caso que huele muy, pero muy mal.