A los actuales diputados locales les quedan 29 días no sólo para atender el 100 por ciento de su ambiciosa agenda legislativa, sino para sacar los pendientes que están relacionados a iniciativas que están observadas por el mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez y de propuestas que han sido ignoradas por venir del Ejecutivo, como sería convertir la Comisión Estatal de Seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

El juego de las vencidas que sostiene el gobernador priista Mena Rodríguez con los diputados locales agrupados en el bloque mayoritario conformado por Morena, el PT y el PES ha frenado el trabajo legislativo en Tlaxcala y hasta la aplicación de recursos públicos para el campo y la ejecución de obras en los municipios del estado.

Los legisladores locales han dejado pasar mucho tiempo para aceptar que se equivocaron y que necesitan corregir leyes aprobadas como la Protección Civil, la de Ecología y de la Austeridad que fueron observadas por el mandatario, quien al detectar inconsistencias recurrió a su facultad legal para no publicarlas y evitar que estas normas entraran en vigor.

Si de por si el trabajo de la actual legislatura comandada por los diputados de la Cuarta Transformación es pobre, imagínese como serán evaluados sin en los próximos días no muestran capacidad para corregir sus errores y destrabar el proceso legislativo que no produce los resultados esperados cuando el actual periodo ordinario de sesiones se cerrará el próximo 31 de mayo.

Los diputados locales y en especial los de Morena, el PT y el PES son evaluados a nivel nacional porque lejos de acatar los lineamientos de austeridad del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, optaron por irse por la libre al aumentarse sus salarios, disponer de más recursos públicos que manejan de una forma poco clara y de llevar a cabo una limitada labor legislativa que resulta intrascendente.

El pleito soterrado que mantienen los diputados con el gobernador tendrá consecuencias que terminarán por afectar a ambos. Los legisladores simplemente no darán prioridad a las iniciativas y propuestas del mandatario estatal y el Ejecutivo no sólo seguirá su política de observar leyes aprobadas, sino de frenar su publicación para demostrar que él es el que ejerce el poder en Tlaxcala.

Si los diputados no aprueban la iniciativa de ley para cambiar el nombre de la Comisión Estatal de Seguridad y darle el estatus de Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, así como otras disposiciones legales que quiere el gobernador de Tlaxcala, es probable que se retrase aún más la publicación de las reglas de operación de los fondos aprobados para el campo y en materia de obra pública, lo que impedirá que se ejerzan en tiempo y forma más de 400 millones de pesos que fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de este año.

Antes de que finalice el actual mes, el diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Víctor Manuel Báez López, pretende que sea aprobada la ley que creará la Fiscalía General del Estado que considera el relevo del inútil procurador de Justicia José Antonio Aquiahuatl Sánchez, iniciativa que quizá no salga porque el bloque mayoritario está dividido sobre ese tema y porque la chiquillada conformada por el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y el Panal quieren modificar algunos criterios y lineamientos que ya fueron sugeridos por los asesores del gobernador.

Si el primero periodo de sesiones de la actual legislatura local que fue de agosto a diciembre del año pasado fue una decepción, el que se lleva en estos momentos que inició en enero y concluirá en mayo también lo será, porque el comportamiento de los diputados de Morena, el PT y el PES que tienen el control del Congreso del Estado es muy similar al que en su momento tuvo el PRI con sus aliados o el PAN cuando disfrutó ser mayoría en el Poder Legislativo de Tlaxcala.

El cambio no se ve por ningún lado.