Cuando las autoridades estatales asumieron el absurdo discurso de negar una y otra vez la existencia del crimen organizado en Tlaxcala, pensando que con ese simple hecho los delitos que comenten esos delincuentes desaparecerían o que los ciudadanos creerían esa versión no funcionó, porque hoy la realidad que existe en el estado es muy diferente a la que ven y describen los funcionarios del gobierno estatal y federal y hasta los representantes de la Iglesia.

Mientras en el imaginario colectivo de los habitantes de Tlaxcala existe la percepción de que el crimen organizado opera con impunidad en uno de los estado más seguros de la república mexicana, los funcionarios estatales compiten para ver quién es el mejor lambiscón con su jefe el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y ofrece la explicación más tonta para negar la terrible violencia que azota a la entidad.

El recomendado de la senadora Beatriz Paredes Rangel, el ex procurador de Justicia y hoy secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, se aprendió la cantaleta a la perfección y cada vez que debe enfrentar las preguntas de los reporteros sobre la inseguridad sostiene que Tlaxcala es un estado seguro, que la estrategia contra los delincuentes no ha fallado y que se trabaja coordinadamente para combatir ese problema negando en todo momento la presencia del crimen organizado.

Por su parte, el policía “Wildroot” encargado de la Comisión Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, por aquello que le fascina verse como todo un funcionario metrosexual, se aventó la puntada de minimizar la ejecución del director de Seguridad Municipal de Tequexquitla, Humberto Arcovendiz Vázquez, quien se presume fue levantado y después abandonado su cuerpo esposado, con señas de tortura y sin algunos órganos.

Este funcionario del Estado de México sostuvo que a pesar de ese lamentable hecho Tequexquitla no era un foco rojo para el gobierno del estado y aclaró que la presencia de la policía estatal no es un asunto de paternalismo sino de corresponsabilidad.

Sus declaraciones no pudieron ser más tontas cuando también negó la presencia del crimen organizado en Tlaxcala y su incapacidad para explicar cómo le hacen “los delincuentes foráneos” para cruzar varios municipios del estado y circular por las carreteras transportando cadáveres que son abandonados en poblaciones como Contla, Chiautempan, Zacatelco, Nanacamilpa y San Pablo del Monte.

Y siguiendo con la retahíla de posturas oficiales incomprensibles, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, “El Cubas”, quien quizá sus neuronas no funcionan igual anta la escasez de alcohol a la que se ha sometido, aseguró que lo sucedió en Tequexquita y otros hechos relacionados con la inseguridad no han detenido la llegada de nuevas inversiones, pues según él pronto se instalarán en Tlaxcala cinco empresas, con lo cual se demuestra que los dueños del capital ofrecen un voto de confianza al estado.

Para luego balbucear que “afortunadamente Tlaxcala está muy bien… sin embargo, tenemos que seguir trabajando conjuntamente, hoy la seguridad no está a cargo exclusiva del estado, debe ser vinculatoria y también debe participar el empresariado, los ciudadanos, tomar medidas para tener una mejor estancia y mayor seguridad”.

Pero no crea que las posturas incongruentes son exclusivas de los funcionarios estatales, también se han sumado integrantes de gobierno federal como Lorena Cuéllar Cisneros que para justificar los nulos resultados que ha tenido la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para contener el crimen. La encargada de los Programas de Desarrollo apuntó que los índices delictivos han disminuido en Tlaxcala gracias al trabajo sostenido en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

Habló de una coordinación que no existe entre el gobierno federal, estatal y los municipios y sus declaraciones nunca fueron respaldadas por datos duros que demostraran sus dichos, de ahí que su visión sobre el tema de la inseguridad dista mucho de la forma en cómo la ven y la perciben los ciudadanos comunes que todos los días son víctimas de los delincuentes.

Vaya, hasta el obispo de la Iglesia católica, Julio César Salcedo Aquino, le entró a la cantaleta de negar la existencia del crimen organizado en la entidad, como si eso ayudará a disminuir su actividad o dar confianza a los ciudadanos que se sienten inseguros para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

Para el representante de la Iglesia los hechos violentos se deben a que se han perdido los valores en el seno familiar y no a la presencia de criminales organizados que ante la debilidad de las autoridades actúan con total impunidad.

Lo más absurdo es que funcionarios estatales y federales han salido a tapar el nulo trabajo del gris procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien ha optado por esconderse para no evidenciar más su manifiesta incapacidad.

El trabajo de Aquiahuatl Sánchez se limita a abrir carpetas de investigación y emitir un simple comunicado para informar que los terribles casos que suceden en Tlaxcala son indagados, pero como ya es costumbre ninguno termina con la detención algún criminal.

Ante tal panorama la verdad es que estamos jodidos en Tlaxcala. O no.