Tras cinco meses de simular que trabajaba, Pedro Sánchez Ortega, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la PGJE, enfrentará su prueba de fuego y ahora tendrá que demostrar con hechos que si combatirá las malas conductas y prácticas de servidores públicos, pues ayer se confirmó que en su escritorio existen diez denuncias contra igual número de autoridades que presuntamente desviaron recursos durante el 2017.
Gris y sin iniciativa, Sánchez Ortega tuvo la fortuna de ser un incondicional del actual charlatán procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien decidió designar el pasado 27 de octubre a ese intrascendente agente del ministerio público como fiscal anticorrupción, cargo que llegó a ocupar sin tener ningún gramo de voluntad para integrar las carpetas relacionadas con actos de corrupción que se presumen había en esa dependencia.
Cinco días después de su nombramiento, el nuevo funcionario ofreció una entrevista a El Sol de Tlaxcala donde aseguró que “Los tlaxcaltecas deberán tener confianza en que se combatirán los actos de corrupción que se comentan” y que “la Fiscalía Anticorrupción no tenía en ese momento ninguna denuncia, pero que la PGJE debería canalizar las carpetas de investigación existentes relacionadas con delitos para que pudieran ser atendidas”.
Si lo segundo sucedió o no, nadie lo sabe, porque no es un secreto que en la PGJE la justicia se imparte discrecionalmente y a la voluntad y conveniencia de José Antonio Aquiahuatl.
Cinco meses le duro a Pedro Sánchez la beca de cobrar sin trabajar, pues ahora ya no tendrá pretextos y deberá armar las carpetas de los diez casos que recibió por parte del Órgano de Fiscalización Superior cuya titular María Isabel Maldonado Textle confirmó que presentaron y que involucra probables desvíos del ejercicio fiscal del 2017, específicamente de algunos entes fiscalizables cuyas cuentas públicas fueron reprobadas.
El único caso que se tiene confirmado es el de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) por las irregularidades financieras del año pasado y que ascendieron a 176 millones de pesos, siendo el principal responsable de esas inconsistencias el ex rector Narciso Xicohténcatl Rojas.
Lo delicado de esos expedientes, es que involucra a algunos presidentes municipales en funciones y sus tesoreros, quienes podrían enfrentar procedimientos penales por posibles actos de corrupción, lo cual sería algo inédito porque nunca antes se había visto una situación similar que de concretarse dejaría buenos antecedentes si es que en realidad la Fiscalía Especializado en Combate a la Corrupción de la PGJE y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala hacen su chamba y no optan por proteger a los probables responsables.
Dudo que los expedientes del OFS tengan inconsistencias o que éstos no aporten los elementos para cuadrar el daño patrimonial del que se habla, pues si hay una funcionaria minuciosa en realizar su trabajo es María Isabel Maldonado.
La prueba de fuego para comprobar si en Tlaxcala se combatirá o no la corrupción llegó. Ahora habrá que ver si hay alguien que quiera ofrecer un manto protector a los involucrados en esas diez denuncias o se dejará correr los casos para que se logre uno que otro escarmiento. El tiempo lo dirá.
Apizaco solo ante la creciente inseguridad
La administración panista que encabeza el alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, pareciera que está sola en su lucha contra la delincuencia, pues toda acción o iniciativa que emprende ese ayuntamiento para combatir el crimen es ignorada y carece del respaldo y apoyo del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez.
Una prueba de lo anterior se registró durante el evento que organizó ayer el gobierno de Hernández Mejía para dar a conocer la Aplicación Policía Inteligente (API), la cual se puso en marcha y ubica al municipio de Apizaco a la vanguardia a nivel nacional en lo que se refiere a la policía de proximidad.
La ausencia de autoridades estatales fue más que notable, ya que ni el procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ni el encargado de la Policía Estatal, Eduardo Valiente Hernández ni el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, acudieron a la presentación de dicha aplicación que debería contar con el respaldo de la administración estatal que tiene abandonado el tema de la seguridad en Tlaxcala.
En cambio contó con la presencia del secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados federal, Raúl Ernesto Sánchez Barrales y Jorge Ramos Hernández, ex presidente municipal de Tijuana y actual secretario de buen gobierno del CEN del PAN.
La aplicación denominada API será una herramienta eficiente de vinculación estrecha entre gobierno y ciudadanos en materia de seguridad. Funcionará para dispositivos móviles con Android y iOS. Además cuenta con un sistema de monitoreo y almacenamiento de la información en tiempo real.
Esa herramienta tiene funciones de geolocalización tanto del ciudadano como del policía, así como notificación de mensajes de ubicación y direccionales para rastreo y monitoreo de la incidencia reportada.
La aplicación permitirá reducir los tiempos de respuesta de los policías y cuenta con los más avanzados estándares de protección de datos personales. Su funcionamiento depende de factores externos como permisos de localización del usuario y que cuente con conexión a internet.
La intención es que esa aplicación sea usada por 50 mil suscriptores en este año. Su alcance será la zona conurbada de Apizaco, Tetla, Yauhquemehcan y Tzompantepec.
El alcalde de Apizaco sin dudas ha demostrado que no le rehúye a los problemas y que a pesar de estar solo trabaja para enfrentar la inseguridad de su ciudad y sus alrededores.