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Una cosa es lo que se dice otra lo que se hace

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Algo le pasa a la clase política del estado porque sólo ellos se pueden creer sus mentiras que cada día escupen sin ningún rubor ante los medios de comunicación. No existe congruencia entre el decir y el hacer, entre lo que pregonan y lo que se observa, entre lo que piden y ocultan. Ellos ven una realidad que sólo existe en su mente, porque nadie en su sano juicio puede respaldar tantas tonterías.

Un claro ejemplo de incongruencia es la advenediza diputada local del PT, Irma Garay Loredo, quien ayer presentó una iniciativa de ley castigar la violencia política en razón de género que se registra al interior de los partidos políticos.

Propuso aplicar a los políticos que incurran en esas prácticas sanciones que van desde una amonestación pública hasta el pago de una multa económica.

Antes de plantear tal iniciativa, la intranscendente legisladora hubiera exigido a su papá, el diputado plurinominal de PT, Silvano Garay Ulloa y líder de ese partido en Tlaxcala, que dejara de aprovecharse de su cargo y beneficiarse de las prerrogativas de ese instituto político, pues para nadie es un secreto que sólo él y su familia disponen del dinero y de los cargos que se obtienen a través de la representación proporcional.

Ella fue vilmente impuesta para ser diputada local por esa vía, al igual que su papá pero en la Cámara de Diputados. Ambos tienen trabajando a familiares que cobran puntualmente su salario sin trabajar. Lo que es peor, es que cobran sus partidas para llevar a cabo gestiones y se quedan con esos recursos porque sencillamente son fieles seguidores de la frase de que “todo se quede en la familia”.

Si hay alguien que ejerce la violencia de género al interior de un partido es Silvano Garay y su familia, porque sus integrantes son incapaces de permitir que otras mujeres tengan presencia y liderazgo en el PT, un partido que en Tlaxcala funciona como un verdadero negocio para esos políticos que sin representar nada han llegado a vivir muy bien con sus abultados salarios que salen de los impuestos que pagamos los tlaxcaltecas.

Dime de qué presumes y te diré de qué careces

Según Noé Rodríguez Roldán, secretario de Comunicaciones y Transportes, el compromiso del gobierno del estado es servir con ética, transparencia, austeridad y legalidad, sin embargo fue el propio mandatario de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, el que frenó la Ley de Austeridad que los diputados locales aprobaron a finales del año pasado.

Al negarse a publicar la mencionada ley luego de hacer varias observaciones, en Tlaxcala ya no fue posible contar con disposiciones legales que impidieran los gastos de lujo para servidores públicos, viáticos, alimentos, pensiones o bonos exclusivos por fin de mandato y hasta el pago de guaruras.

También se frenó que los 105 entes públicos de la entidad realizaran un Programa de Reducción y Ahorro que pretendía lograr una disminución de hasta el 30 por ciento en el gasto.

El funcionario estatal que fue el orador oficial de la conmemoración del CCXIII Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, expresó que la austeridad debe ser real y no sólo una simulación para buscar popularidad o manipulación, palabras que no tuvieron ningún eco entre la clase política presente en la ceremonia porque así como las pronunció se las llevó el viento.

Sindicato del Cecyte presiona para conocer a su futuro patrón

El tiempo se ha convertido en el peor enemigo de las autoridades estatales, las cuales ya no saben cómo disimular sus múltiples errores. Según ellas despidieron a Luis Vargas González de la dirección general del Cecyte porque realizó supuestos malos manejos en ese subsistema cuando nunca recibió formalmente la institución y ni dispuso de un peso de las arcas para llevar a cabo su labor.

La realidad es que el ex funcionario estatal al encontrar cientos de anomalías financieras, aviadores y un manejo irregular del Cecyte optó por renunciar a su cargo al no encontrar el respaldo del gobernador para corregir esas inconsistencias que eran y son solapadas por el actual secretario de Educación de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, lo cual los metió en un serio aprieto porque han pasado casi cuatro meses y es la fecha que no concluye el análisis para determinar quién será el próximo director de ese sistema educativo.

Ante esa enorme omisión, el líder del sindicato de los trabajadores del Cecyte, Zenón Ramos Castillo, reveló que el gremio presentó un amparo para obligar al mandatario a designar al responsable de ese colegio, pues es más que obvio que a ese tipejo le urge sentarse con el nuevo patrón para negociar y mantener sus privilegios y canonjías.

Zenón Ramos es uno de los pocos trabajadores privilegiados del Cecyte que cada mes se embolsa un sueldo de más de 70 mil pesos y se dice que a finales de cada año el “aguerrido dirigente” se lleva entre todas sus prestaciones más de 200 mil pesos.

Pero volviendo al tema de la designación del futuro director general del Cecyte, ayer el secretario de Gobierno en Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, sostuvo que el Ejecutivo local aún analiza los perfiles para nombrar al nuevo titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y aseguró que será antes de que el Poder Judicial de la Federación emita una resolución cuando se conozca el nombre del elegido.

Seguramente el próximo director de ese subsistema será una eminencia o un sabio, porque imagínese que cualidades se deberán tener para ocupar ese cargo si el análisis para encontrar al indicado ya lleva casi cuatro meses.

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