La creciente inseguridad en Tlaxcala no es un fenómeno nuevo, sin embargo sobre ese problema hay dos percepciones. Una que culpa al gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez de no actuar con firmeza para combatir el crimen y otra que ex culpa a la nueva administración federal que preside Andrés Manuel López Obrador del incremento registrado en los índices delictivos durante los primeros cien días de su gestión.
Los lamentables sucesos delincuenciales de los últimos días han pegado en la imagen del gobierno del estado, pues la muerte de dos policías estatales a manos de dos presuntos ladrones en el municipio de Quilehtla es atribuida a la fallida estrategia para combatir el crimen en Tlaxcala, de ahí que los reproches y reclamos de los usuarios de las redes sociales hacia las autoridades estatales fueron la constante.
Aún no se terminaba de digerir esa terrible noticia, cuando en la mañana del sábado se conoció que en el municipio de Atlangatepec se habían encontrado los cadáveres de otras dos personas calcinadas con aparentes señas de violencia, lo que sirvió de motivo para revivir los señalamientos negativos hacia la administración estatal que ante tales hechos optó por guardar silencio.
El procurador de Justicia de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez y Eduardo Valiente Hernández, responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, recurrieron a la política del avestruz y enterraron la cabeza para no dar explicaciones sobre el clima de inseguridad que prevalece en la entidad y que según ellos sigue siendo de las más seguras del país.
Dejaron pasar las críticas y señalamientos hacia su jefe el gobernador y ninguno de los dos funcionarios estatales se esforzó por compartir esa responsabilidad, situación que los dejó muy mal parados porque demostraron que si pueden salvar su imagen por encima a la del mandatario lo harán sin ningún problema.
Sin ingenio e iniciativa, ni Aquiahuatl ni Valiente tuvieron la capacidad de enfrentar la situación ante los medios de comunicación y confirmar lo que es una realidad no sólo en Tlaxcala sino en el país, es decir, que los índices delictivos, los homicidios dolosos y la violencia en general han crecido en los primeros cien días del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Las cifras oficiales así lo demuestran y los datos no mienten. La estrategia que emprendió la nueva administración federal para combatir el crimen no se ve y no ha dado ningún resultado concreto, sin embargo ningún usuario de redes sociales se quejó de ese hecho o tuvo la capacidad de culpar al gobierno de López Obrador en la parte que le toca por la inseguridad que existe en Tlaxcala ante la escasa presencia de las fuerzas federales.
Al gobierno de Mena lo han acabado por el tema de la inseguridad y a la administración de López Obrador le han perdonado todo. Esa es la realidad que hoy en día si vive en Tlaxcala.
El problema de la inseguridad le ha pegado en su imagen al mandatario tlaxcalteca, pues es uno de los factores que ha influido en los bajos niveles de aprobación ciudadana que ha obtenido el gobernador en los últimos estudios demoscópicos que se han levantado en la entidad.
Si el mandatario estatal quiere seguir sacrificando su imagen y credibilidad a cambio de mantener en sus cargos al gris José Antonio Aquiahuatl y al ineficiente Eduardo Valiente es su problema, porque al final los ciudadanos y ciudadanas cada vez refuerzan la percepción que la administración estatal en su conjunto no hace nada para enfrentar a los criminales que lo mismo tiran por todo el estado cuerpos de ejecutados que roban con armas de fuego camionetas a plena luz del día.
El gobierno de Mena está por llegar a la mitad de su periodo para el que fue electo, por lo que quizá valdría la pena que se considerara un cambio en la Procuraduría y en la Policía Estatal, áreas donde es más que evidente que la ineficiencia prevalece a niveles insultantes.