A lo largo de los últimos dos años los casos de corrupción y del mal ejercicio de algunos funcionarios públicos han sido la constante, sin embargo ni un solo asunto ha sido investigado y terminado en una sanción, es como si la Contraloría del Ejecutivo a cargo de María Maricela Escobar Sánchez fuera una instancia inexistente que sabemos que ahí está pero que nunca hará su tarea.
Nadie puede asegurar que al interior del gobierno se vive una descomunal corrupción, pero tampoco se puede sostener que ese grave mal no existe, porque algunos medios de comunicación han documentado a lo largo de los último meses anomalías en dependencias como la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad, así como el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y la Procuraduría General de Justicia en el Estado sin que hubiera una sanción para los presuntos malos servidores públicos que incurrieron en esas irregularidades.
En la Secretaría de Educación Pública que está bajo el mando del impoluto Manuel Camacho Higareda, los casos han sido permanentes y van desde las compras infladas, hasta el pago de aviadores, sin dejar los gastos realizados sin cumplir con los procedimientos legales y hasta solapar a maestros borrachos y a presuntos profesores dedicados a la venta de plazas en el sector educativo de Tlaxcala.
Los casos que han sido detectados a través de auditorías o por la existencia de alguna denuncia interpuesta para el conocimiento de las autoridades son reales, pero ninguna investigación ha avanzado o ha terminado con una medida correctiva, lo que demuestra que en Tlaxcala prevalece un manto protector para esas conductas ilegales que tanto dañan la imagen del sector público.
Ayer, en e-consulta se documentó un nuevo caso relacionado con la venta de una plaza que involucra a un profesor, el cual fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado que seguramente presionará a las personas que presentaron la querella para que se desistan bajo el argumento de que ellos estarían también involucrados en un presunto delito al intentar comprar un puesto permanente de trabajo en la Secretaría de Educación Pública.
Pese a que existen las evidencias y elementos para proceder contra el presunto responsable que está plenamente identificado, dudamos que la PGJE en manos del gris José Antonio Aquiahuatl Sánchez tenga la voluntad de actuar, porque seguramente no descuidará su profesional trabajo de perseguir a los verdaderos delincuentes que pudieran representar un mejor negocio para sus intereses.
Y así como la impunidad prevalece en la Secretaría de Educación Pública, también sucede lo mismo en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad en manos del marianista Sergio Cuauhtémoc Lima López, quien ha logrado armar una red de funcionarios que estarían dedicados a la presunta venta de escrituras falsas que son usadas para despojar de casas y terrenos a personas que tienen forma de demostrar con son los legítimos propietarios de esos inmuebles.
Los casos se han documentado y en esa dependencia no pasa nada, pareciera que en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad su titular y su personal son inamovibles y que pueden hacer las irregularidades que quieran sin enfrentar ninguna consecuencia legal.
Lo grave es que la Contralora del Ejecutivo María Maricela Escobar también acumula señalamientos de excesos y corrupción, pues se dice que su dependencia se ha dedicado a beneficiar a un restaurante de Apizaco y a su despacho contable, versiones que pronto podrían documentarse para demostrar que esa funcionaria nunca tendrá cara para castigar la corrupción que existe en el gobierno del estado.
Si hiciera un balance de los funcionarios estatales, no dudamos que la actual Contralora del Ejecutivo sería una de las peor evaluadas porque su trabajo es inexistente y hasta ahora no ha servido para nada, porque la corrupción ha ganado terreno y presencia en la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.