Los escándalos de los excesos salariales que perciben algunos funcionarios estatales y legisladores locales han sido la constante en las últimas semanas, demostrando que los abusos no son exclusivos del PRI, sino también de Morena, partido que durante la última campaña electoral se comprometió a hacer realidad la austeridad republicana y eliminar los lujos que prevalecía entre los servidores públicos.
Tlaxcala es uno de los dos estados más pequeños del país y aunque económicamente depende de los recursos que recibe de la federación, algunos funcionarios como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) no tuvieron ningún problema para aumentar sus percepciones, tal y como también lo hicieron los diputados locales que durante los primeros meses de su gestión (septiembre y octubre del 2018) prometieron reducir sus dietas y otros gastos sin que eso se cumpliera en el ejercicio fiscal del presente año.
En el caso del TSJE se documentó el aumento salarial superior al 100 por ciento que lograron los ingresos de los magistrados encabezados por el poblano Héctor Maldonado Bonilla, quien fue exhibido a nivel nacional por sus excesos y por ser uno de los funcionarios mejor pagados del país.
Pero no crea que los lujos y los buenos salarios son exclusivos del TSJE, pues existen evidencias que en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala que preside María Isabel Pérez González paga un lujoso salario a esa funcionaria que ronda los 160 mil pesos mensuales, pero las exageraciones y escándalos amorosos que se viven en esa instancia merecen ser tratados en otro momento que no tardará en llegar.
En las presidencias municipales también se han ubicado serias anomalías que están relacionadas a casos de nepotismo. Hay alcaldes que se dan el lujo de tener hasta 25 familiares en la nómina sin que hasta ahora exista una autoridad capaz de frenar esos abusos.
Los casos de esos ediles ya están siendo documentados y pronto se podrían dar a conocer.
Ante tal panorama, uno no se explica las razones por las cuales el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, observó la Ley de Austeridad que buscaba prohibir gastos de lujo para servidores públicos, viáticos, alimentos, pensiones o bonos exclusivos por fin de mandato y hasta guaruras que son pagados con el erario.
Dicha norma establecía que los 105 entes públicos deberían realizar un Programa de Reducción y Ahorro no menor al 30 por ciento del gasto ejercido en el año anterior, el cual tendría que ser presentado en un plazo no mayor a 30 días naturales al Órgano Interno de Control y al Órgano de Fiscalización Superior.
La mencionada ley fue aprobada el pasado 28 de diciembre, pero en enero fue observada por el mandatario estatal, lo cual impidió su publicación y su entrada en vigor.
Luego, el pasado 28 de enero se supo que dicha norma iría a la congeladora con el aval de los diputados locales del bloque mayoritario conformado por Morena, el PT y el PES, partidos que en teoría prometieron hacer realidad la austeridad republicana que tanto pregona el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Por lo que se ve al gobernador, a los diputados locales y a los presidentes municipales les convino que la Ley de Austeridad nunca entrara en vigor, pues es evidente que se sienten cómodos sin ella y que en ciertas cuestiones se vuelven cómplices en el manejo poco claro que existe sobre los recursos públicos.
La recomendación que el fin de semana hizo a los legisladores locales durante una gira de trabajo por municipios del sur el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, para que se pongan a trabajar y traigan corto al gobernador Mena llega muy tarde.
La sospecha de que el mandatario de Tlaxcala ya compró a algunos diputados para que no se hagan muchas cosas a favor del pueblo como lo pretende el presidente López Obrador existe y sólo se necesita ver el comportamiento de algunos para comprobarlo, como es el caso del impulsor de la Ley de Austeridad, el verde morenista Ramiro Vivanco Chedraui, quien no dijo ni pío cuando se enteró que su iniciativa sería congelada sin que se diera una razón de peso que justificara tal decisión.
En Tlaxcala los escándalos serán la contante, pues la austeridad puede esperar. O no.