[xyz_lbx_default_code]

Alcaldes, un factor real de poder en Tlaxcala

.

El gobierno del estado lejos de mandar a desacreditar la Conferencia de Alcaldes de Tlaxcala, debería apoyarla y ver en esa nueva organización un aliado para enfrentar a los diputados locales que han optado por hacer valer su mayoría para aprobar reformas que atentan contra la Constitución y los principios de austeridad y racionalidad en el gasto.

 

Cuando los presidentes municipales empezaron las negociaciones para integrar la Conferencia de Alcaldes de Tlaxcala, el gobierno del estado y los diputados locales le restaron importancia, pues al inició sólo participaban 12 ediles de los 60 que existen en la entidad.

Conforme avanzó el tiempo, los alcaldes se sumaron a ese nuevo proyecto y al final crearon ese organismo que agrupa a 40 de los 60 presidentes municipales en funciones. Entendieron que juntos pueden convertirse en un factor real de poder y hacer contrapeso al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.

Prueba de ello, fue su negativa para avalar la reforma que aprobaron los legisladores locales para modificar los tiempos de entrega de las cuentas públicas. Los diputados encabezados por la morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi pretendían que esos documentos fueran presentados mensualmente, pero al final los ediles y sus Cabildos no avalaron ese cambio y lograron que sus cuentas se sigan otorgando cada tres meses como sucede actualmente.

En unos días más podrían sumar un punto más a su favor y que sería clave para mostrar su verdadera fuerza, ya que la Conferencia de Alcaldes de Tlaxcala es la que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para frenar la reforma avalada por el Congreso del Estado por la cual se regresa el voto a los presidentes de comunidad a partir del 2019, lo que representan una clara violación a la ley y a los derechos políticos electorales de los ediles, regidores y síndicos.

Si bien aquí el Tribunal Electoral de Tlaxcala se declaró incompetente para conocer el caso y el Tribunal Superior de Justicia del Estado bajo el mando del magistrado Héctor Maldonado Bonilla negó al presidente municipal de Apizaco, Julio Cesar Hernández Mejía, un recursos legal para defenderse de la mencionada reforma, la realidad es que los ministros del máximo tribunal del país si dieron entrada a la controversia constitucional presentada, la cual ya es analizada y se espera que sea la próxima semana cuando se conozca si se otorga o no la suspensión.

Si la SCJN ordena la suspensión en automático los presidentes de comunidad dejarán de tener voto en las sesiones de Cabildo y éstos cuerpos colegiados funcionarán como lo hicieron durante el 2017 y el 2018, situación que se traducirá en un duro golpe para los diputados de Morena, el PT y el PES que decidieron usar su mayoría para cumplir con una “promesa de campaña” realizada en los pasado comicios y que atenta contra el marco jurídico.

Los alcaldes que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ese asunto son Francisco Villareal Chairez de Yauhquemehcan y Gardenia Hernández Rodríguez de Tlaxco. El primero es el presidente de la Conferencia de Alcaldes de Tlaxcala y la segunda funge como Tesorera.

El documento que es analizado por los ministros detalla las violaciones constitucionales que llevaron a cabo los legisladores locales, así como los argumentos jurídicos que demuestran que el artículo 115 Constitucional fue vulnerado en Tlaxcala. También se detalla como la facultad de decisión de los integrantes del Cabildo se violenta y se exponen los agravios que se cometieron a los derechos políticos y electorales de los regidores y síndicos.

Además, legalmente los diputados violentaron el proceso legislativo, ya que si bien habían aceptado que la reforma para devolver el voto a los presidentes de comunidad fuera para los ayuntamientos que entraran en funciones en el 2021, los legisladores locales volvieron a votar ese punto para finalmente establecer que la medida se hiciera efectiva a partir de enero de este año lo cual era improcedente.

En unos días más veremos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que finalmente pone orden en el estado, pues es evidente la falta de liderazgo y poder que se padece en Tlaxcala.

Al parecer todos quieren hacer lo que se les antoje por la marcada ausencia de autoridad, lo cual no es bueno ni sano.