Para 17 presidentes municipales resultó muy desalentador la decisión que asumió ayer el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que optó por no intervenir en la inconformidad que existe luego que los diputados locales aprobaron una reforma constitucional para devolver el voto en los Cabildos a los presidentes de comunidad, pues será el pretexto para que empiecen a surgir conflictos en varios ayuntamientos donde esas autoridades buscan revancha contra los ediles que los marginaron por dos años.
Sin medir las consecuencias legales y políticas de su decisión, a finales del año pasado los diputados locales aprobaron una reforma constitucional que hoy ha provocado una tensa calma en por lo menos 20 ayuntamientos, en los cuales los ediles han perdido el control de los cabildos porque en éstos la mayoría está representada por los presidentes de comunidad que hoy están dispuestos a vender muy caro su voto.
En la pasada administración estatal el gobernador Mariano González Zarur aprobó una reforma para limitar la participación de los presidentes de comunidad en las sesiones de Cabildo, es decir, se avaló que tuvieran voz, pero no voto, medida que entró en vigor en el 2017 cuando las actuales gestiones municipales entraron en funciones.
Sin embargo, en las elecciones de diputados locales que se celebraron en julio pasado junto con los comicios presidenciales, los aspirantes al Congreso del Estado ofrecieron devolver el voto a los presidentes de comunidad como una medida electorera que finalmente se concretó al cierre del 2018.
De inmediato los presidentes municipales se inconformaron por esa decisión y se organizaron para combatir legalmente esa decisión que, según ellos, era ilegal porque era retroactiva y afectaba el desarrollo de sus administraciones.
Los alcaldes que encabezan ese movimiento fueron los priistas de Tlaxco y Huamantla, Gardenia Hernández Rodríguez y Jorge Sánchez Jasso, respectivamente, cuyos Cabildos se vuelven incontrolables por el número de presidentes de comunidad que lo integran.
En la convocatoria del 2016 que se hizo para la elección de los presidentes municipales se estipuló claramente que éstos durarían en el cargo cuatro años y ocho meses por única ocasión y que los presidentes de comunidad tendrían voz, pero no voto, lo cual no fue considerado por los diputados locales que en su afán de quedar bien con esas autoridades determinaron regresarles el poder de influir en las decisiones de sus ayuntamientos.
El Tribunal Electoral de Tlaxcala optó por evadir el tema y ahora habrá que ver si los ediles inconformes recurren a otra instancia o deciden abortar ese pleito legal para lidiar con su nueva realidad y evitar que sus ayuntamientos se salgan de control, pues en algunos se sabe que los presidentes de comunidad ya analizan subirse el sueldo y solicitar más recursos para gastos de operación y obras públicas.
Algunos ayuntamientos representan una bomba de tiempo y tarde o temprano explotará apareciendo los conflictos entre los munícipes y los presidentes de comunidad, lo que provocará un clima de ingobernabilidad que le pegará no sólo al gobierno de estado, sino al Congreso del Estado que tendrá que cargar con la responsabilidad de esos pleitos.
La actual legislatura va para su sexto mes en funciones y su trabajo es muy gris, porque hasta ahora no ha hecho nada bien y si no me cree simplemente revise su actuación y saque usted sus propias conclusiones.