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La marcada polarización es por culpa de la sucesión

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Los buenos deseos de evitar la confrontación y establecer una adecuada y útil coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado sólo han quedado en palabras, porque en los hechos hay hostilidad y una evidente estrategia para desacreditar y obstaculizar la labor de los funcionarios que laboran en la administración del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Desde hace meses cuando se conoció que la ex candidata al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros sería la “Súper Delegada” del gobierno federal que estaría bajo el mando de López Obrador, se visualizó un escenario complicado no sólo para la ex priista que hoy tiene puesta la camiseta de Morena, sino para el mandatario estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien interpretó tal designación como una afrenta para su administración al tener que trabajar con su ex rival en la arena política.

Aunque nunca ha hecho un pronunciamiento público en contra de la cuñada de su hermano Fabricio Mena Rodríguez, en reuniones privadas el gobernador tlaxcalteca mostró su molestia y desagrado por el papel que asumiría Lorena Cuéllar, al grado que nombró a José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno, como enlace con la diputada federal con licencia.

Hoy en día y desde hace unas semanas existe una estrategia mediática para golpear a la funcionaria federal por lo que sea. Sus probables errores son maximizados y cualquier asunto relacionado con la operación de los programas de desarrollo es destacado por sus sesudos e independientes críticos que ven todo lo malo e ineficiente de la administración federal, pero que son incapaces de escribir una línea en contra del gobernador Marco Mena y las fallas que presenta su gestión.

No estoy diciendo que Lorena Cuéllar no merezca ser criticada y que no ha cometido errores o que el gobierno federal a través de sus delegaciones se encuentra paralizado y con graves inconsistencias en su operación, sino que el golpeteo sistemático al que han sometido a la política es evidente y demuestra que las autoridades estatales están empeñadas en obstaculizar la probable nominación de la morenista al gobierno de Tlaxcala porque intuyen que sus posibilidades de ganar son amplias.

Y así como hemos dicho que en la administración de Mena Rodríguez se han cometido excesos y abusos, éstos también empiezan a presentarse en el gobierno federal que opera en Tlaxcala, pues se dice que el ex alcalde de Amaxac, Carlos Luna Vázquez, encargado del Programa de Adultos Mayores, hace todo lo posible por incrustar a sus dos hijos en la nómina sólo por el hecho de que él dejó el PRD para jugársela con López Obrador, lo cual me parece un absurdo y una práctica que de confirmarse resultaría muy lamentable.

Es entendible la molestia de los morenistas que han sido desplazados para dar paso a ex panistas como Sergio González Hernández y al ex constructor marianista Delfino Chamorro Macías que al inicio de la pasada administración obtuvo obra pública para su empresa, de la cual fue corrido unos años después por supuestamente no estar de acuerdo con la repartición de las ganancias, donde tenía participación una funcionaria consentida de Mariano González Zarrur.

En su primera gira oficial como presidente de México, López Obrador encontrará que hay una marcada polarización entre el gobierno federal y el gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena, la cual está ligada al tema de la sucesión que se concretará en el 2021, pero que desde hoy ya tiene acelerada a la clase política que ante la ausencia de un liderazgo fuerte en el ámbito local las pasiones se están desbordando.

El conflicto existe y la confrontación es innegable.

El equipo del presidente está al tanto y tiene todos los detalles de la película.

Imagínese cómo verán los principales colaboradores de Marco Mena a su jefe que están muy preocupados en ocultar o negar la realidad y en montar una burda estrategia de acarreados oficiales para contrarrestar cualquier posible ataque al mandatario durante el evento previsto para las 10:30 horas de este día en el Centro Expositor de Tlaxcala.

La tarde de ayer las oficinas de la Sedeco fueron usadas para diseñar la operación “salvemos al jefe”, pero no crea que esa responsabilidad recayó en “El Cubas” Jorge Luis Vázquez Rodríguez, sino en el Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, quien decidió trasladar su “centro de operación” a esas oficinas ubicadas a un costado del Congreso del Estado para desde ahí garantizar que no habrá silbidos o insultos para el mandatario tlaxcalteca, porque la mayoría de los lugares serán ocupados por empleados estatales y sus acarreados.

Habrá que ver cuál es el comportamiento de Andrés Manuel López hacia el gobernador y hacia sus representantes en Tlaxcala.

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