La impunidad y desfachatez con que opera el crimen en Tlaxcala es insultante y evidencia claramente que las autoridades estatales encargadas de combatirla no pueden con esa encomienda porque son incapaces o porque tienen un acuerdo económico con las bandas de hampones que operan a cualquier hora del día y en lugares de alta concurrencia.
Mientras el inútil procurador de Justicia en Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, sostenía una reunión con algunos reporteros para hablar de sus “logros” como funcionario del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez, los delincuentes que abundan en la entidad estaban planeando sus próximos ilícitos, quizá con la intención de evidenciar que pagan piso para operar libremente y que en esta entidad el nivel de impunidad es altísimo y que la capacidad de las policías para enfrentarlos es nula.
Torpe y sin idea de lo que declara, Aquiahuatl Sánchez reconoció su pobre trabajo como encargado de la PGJE, pues sobre los casos de los dos linchamientos registrados hace unas semanas en San Pablo del Monte y Hueyotlipan dijo que el avance de las indagatorias es del 80% y que ya casi identifican a los responsables de alentar la muerte de dos personas.
Respecto a los ex alcaldes que fueron acusados de malversar recursos públicos, el abogado mencionó que no hay avances porque el Órgano de Fiscalización Superior no ha presentado las denuncias ni ha dado seguimiento a los casos que ya se tenían.
Y para demostrar que es un grandísimo boludo, José Antonio Aquiahuatl presumió el desmantelamiento de una casa de seguridad en el municipio de Yauhquemehcan donde permanecía una mujer poblana secuestrada. Sin tapujos aceptó que él y sus agentes no hicieron nada porque la investigación y operativo para dar con esa banda la llevaron a cabo personal de la Fiscalía General de Puebla.
Sobre sus incondicionales agentes y específicamente uno de nombre Luis N. que fue detenido en el municipio poblano de San Martín Texmelucan acusado de cometer una extorsión, el jefe de la PGJE prefirió minimizar el tema y negar su estrechísima cercanía con ese comandante que se encargaba de los asuntos especiales y personales.
El procurador y sus agentes que no hicieron absolutamente nada para liberar a la persona secuestrada en Tlaxcala, lo más seguro es que mantenga esa actitud sobre los lamentable hechos violentos registrados ayer en la entidad.
En San Pablo Apetatitlán y a plena luz del día se registró un intento de asalto en el centro comercial el Gran Patio donde se detonó un arma de fuego. En Tequexquitla se reportó que un joven recibió varios impactos de bala para ser asaltado.
Por lo tarde noche se conoció que un comerciante del municipio de Huamantla había sido víctima de la delincuencia y que murió tras ser agredido a balazos por los hampones que como siempre suele ocurrir se dieron a la fuga. En ese mismo municipio, pero en la población de Lázaro Cárdenas, se presentó una balacera entre delincuentes y policías por un supuesto robo al tren.
El crimen va en aumento y por desgracia el inútil procurador no puede esclarecer ni detener a ningún delincuente relacionado con los hechos delictivos que se han registrado en Tlaxcala durante los últimos meses. Ese funcionario es un fiel promotor de la impunidad y un monumento a la ineficiencia y estupidez.
Inició el trabajo de parto para el presupuesto.
De mantenerse el consenso que hasta anoche existía sobre los cambios al presupuesto de egresos de este año, es muy probable que este día los diputados locales sometan a votación un nuevo dictamen que incluye cambios mínimos con relación al aprobado el pasado 28 de diciembre.
La intención de los legisladores es mantener el fondo para financiar obras en los municipios y uno que otro recorte, pero también se están viendo bondadosos con el gobernador Marco Mena al aumentar el porcentaje de los recursos que podrá manejar discrecionalmente sin pedir autorización del Congreso del Estado.
Anteriormente, los diputados habían establecido que si los recursos extraordinarios que llegaran al estado rebasaban el 4% del monto total del presupuesto autorizado, el mandatario debería solicitar autorización de los legisladores para gastar esos fondos públicos.
Ahora ese porcentaje se incrementará al 10% con lo cual el gobernador Marco Mena podrá disponer discrecionalmente de hasta 1,800 millones de pesos que podrá gastar sin pedir permiso a nadie.
Las negociaciones han avanzado y se espera que el conflicto generado por la discusión del presupuesto de egresos de este año concluya muy pronto.