Dice un viejo refrán que no hagas cosas buenas que parezcan malas, el cual se podría recomendar ampliamente a Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), quien por alguna extraña razón dejó de hacer pública la información respecto al nombre de las empresas constructoras contratadas, los montos pagados y sobre todo los fallos de las licitaciones públicas, las adjudicaciones restringidas y las adjudicaciones directas.
Es cierto que todo está en el ojo de quien lo percibe, por lo que no sería raro que alguien pueda considerar como algo tramposo y sucio lo que sucede en cierta dependencia estatal que dispone de millones de pesos que se invierten en obras de infraestructura cuyo manejo es más que opaco, porque no existe información oficial que confirme la asignación de los trabajos bajo los criterios establecidos en la ley.
Los caciques que controlan la obra pública en la actual administración estatal son Carlos Bailón Valencia, quien despacha como secretario Técnico de la Oficina del Gobernador y Pedro Bañuelos Morales, actual Director de Obras Públicas de la Secoduvi.
Ambos personajes deciden a qué empresas contratan y favorecen, lo que ha marginado a muchas constructoras de tener trabajo porque no son bien vistas o no gozan de la confianza de esos dos funcionarios que, según ha trascendido, son de los pocos que su situación económica ha mejorado en un corto plazo de tiempo.
El titular de la Secoduvi, Francisco Javier Romero, es un vil espectador de lo que sucede en su dependencia y carece de la autoridad y poder para asignar la obra pública, de ahí que es evidente que no le da ninguna importancia al rubro de transparencia.
Hace unos meses en el portal de esa dependencia estatal se podía acceder a las licitaciones y adjudicaciones a fin de conocer los montos contratados y los nombres de las empresas o las personas físicas que ganaban una licitación o una adjudicación directa o restringida, pero hoy es imposible tener conocimiento de esa información que por ley la Secoduvi está obligada a hacer pública.
Los datos disponibles son los del periodo del 2012 al 2016, es decir, después del último año del gobierno de Mariano González Zarur no hay nada disponible, lo cual llama la atención porque la gestión de Marco Antonio Mena Rodríguez lleva dos años (2017 y 2018) contratando obra pública.
El sector empresarial de la construcción en la entidad representado por Hugo Cano Martínez ayer hizo evidente su molestia respecto a la contratación de la obra pública y lamentó que el gobierno de Tlaxcala opte por dar preferencia a compañías poblanas que durante el año pasado acumularon trabajos por un monto de 738 millones de pesos, seguidas por las del Estado de México que sumaron 200 millones de pesos.
Las empresas tlaxcaltecas apenas si pudieron obtener 168 millones de pesos, cantidad que demuestra la política de exclusión que sufren sin que ninguna autoridad estatal ofrezca una explicación de esa razón.
Hasta ahora es un misterio el nombre de las empresas que tienen a su cargo las obras emblemáticas que ha emprendido la actual administración y en donde se invertirán más de mil millones de pesos.
Nadie sabe quién es la constructora que cobra por el levantamiento del nuevo Estadio Tlahuicole, así como tampoco se conoce que empresa ganó la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala Apizaco ni la compañía que lleva a cabo los trabajos de edificación del nuevo Hospital General de Tlaxcala.
La ausencia de información genera desconfianza y podría abrir la puerta a críticas por la nula transparencia que existe en materia de contratación de obra pública.
Carlos Bailón y Pedro Bañuelos son dos personajes que no gozan de una buena reputación y su sospechosa actitud de esconder la información ya está desatando rumores de que la corrupción en la actual administración se concentra en esas manos.