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El juego de las vencidas y sus consecuencias

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El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez junto con la complicidad de algunos diputados locales busca reventar el bloque legislativo conformado por Morena, el PT y el PES que tuvo la osadía de aprobar una ley de austeridad y llevar a cabo reajustes al presupuesto de egresos, situación que prácticamente ha paralizado el gobierno del estado, a los ayuntamientos y a los organismos públicos descentralizados.

 

Tlaxcala vive una “Vacatio legis”, es decir, el período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor, el cual se podría prolongar hasta finales de este mes cuando se conozca si los diputados locales aceptan las observaciones que el gobernador hizo al Presupuesto de Egresos de este año o terminan avalando el que ya aprobaron, lo que obligaría al mandatario Mena Rodríguez recurrir a su facultad de veto y utilizar los criterios de gastos del 2018 para liberar los recursos que permitan a su administración y a los ayuntamientos operar adecuadamente.

De acuerdo con la ley, los diputados locales deberán resolver el asunto de las observaciones al presupuesto antes del 20 de enero, de ahí que existe confianza que el conflicto generado por la disputa del presupuesto concluya a finales de este mes y se evite la parálisis gubernamental.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el Presupuesto de Egresos se mantendrá porque nadie sabe con precisión si se aplicará el que aprobaron los diputados locales a finales de diciembre o se terminarán imponiendo los criterios del presupuesto del 2018.

Si bien para algunos analistas y plumas al servicio del gobierno del estado consideran arbitraria la decisión de los legisladores de llevar a cabo reasignaciones de partidas y recortes económicos en algunas dependencias estatales, también resulta un exceso que el gobernador del estado tenga la facultad para vetar una ley e imponer su criterio sobre la decisión de un órgano colegiado como lo es el Congreso del Estado sólo porque le metieron tijera a su propuesta.

La estrategia gubernamental para desacreditar el trabajo de los legisladores y descalificarlos seguramente tendrá sus consecuencias.

Los líderes estatales del PRD, PAN y el Panal, Juan Manuel Cambrón Soria, Carlos Carreón Mejía y Humberto Hernández Hernández, respectivamente, declararon que podrían impugnar el presupuesto de este año si prevalecían los recortes a la seguridad y la educación, lo que demuestra que siempre han estado al servicio de la actual administración priista.

Si tanto les preocupa el tema de la seguridad, porque nunca se quejaron del amañado proceso de licitación que el gobierno estatal canceló el año pasado para comprar 200 patrullas una vez que se demostró que el mismo estaba arreglado y que representaba una vil y burda transa.

Resulta ridículo que el líder panista Carlos Carreón se indigne del presupuesto de este año cuando son los presidentes municipales de su partido los que más se benefician en obra pública, lo cual no había sucedió en los dos últimos años.

El ayuntamiento de Apizaco que preside Julio César Hernández Mejía ha sido castigado invariablemente. En el presupuesto del año pasado la ciudad rielera no recibió ningún recurso del gobierno del estado y en cambio el municipio de Huamantla fue beneficiado con 20 millones de pesos por tener una buena recaudación, cuando se sabe que el primero supera por mucho en la captación de impuestos y servicios al segundo.

Hoy el gobierno del estado se indigna porque los diputados locales que crearon un fondo de 250 millones de pesos para financiar obras en los municipios y por dejar fuera de esa bolsa a nueve poblaciones tlaxcaltecas, pero no dice que en el 2018 el también marginó de alguna acción de infraestructura a más de 10 municipios.

En fin, en las próximas horas y días veremos si prospera la estrategia del gobernador Mena reventar la mayoría del bloque legislativo conformado por Morena, el PT y el PES, pues sus operadores han empezado a trabajar para lograr que las observaciones del mandatario sean consideradas.

El morenista Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política de Congreso, junto con el perredista priista Migue Ángel Covarrubias Cervantes, están convocando a un desayuno a los diputados para que “oigan” las propuestas y los “estímulos” que podrían recibir si optan por respaldar las observaciones del mandatario estatal y dejan atrás la propuesta de presupuesto de egresos que avalaron a finales de diciembre.

Los cañonazos estarán presentes y con el paso de los días se comprobará si algún legislador del bloque de Morena, el PT y el PES acepta o si todos se mantienen firmes.

El caso de Tlaxcala es seguido muy de cerca por el subsecretario de Gobernación a nivel federal, Zoé Robledo Aburto, quien no sólo tiene registrados todos los movimientos del gobernador Marco Mena, sino que también tiene supervisadas todas las acciones de los legisladores locales.

Aquí es cuando queremos ver el talento y la buena política, porque Tlaxcala no merece que este tipo de pleitos frenen su desarrollo.

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