El control que ejerció el PRI con un solo diputado sobre el Congreso del Estado en los últimos cuatro meses podría perderse entre hoy y el lunes, en caso de que la alianza legislativa conformada por Morena, el PT y el PES decida valer su mayoría y opte por romper los acuerdos insanos que algunos diputados establecieron con el gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Hoy el PRI junto con la chiquillada conformada por cinco diputados locales (PAN, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano) intentará frenar las modificaciones al presupuesto de egresos del 2019 que ya hicieron los legisladores de Morena, el PT y el PES, quienes al recortar y reasignar recursos no sólo crearon una bolsa de 250 millones de pesos que serán distribuidos entre los 60 municipios de la entidad, sino que además generaron otro fondo que también será manejado por los legisladores para financiar programas productivos.

Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Ejecutivo con los legisladores intentará seducir, quizá con la ayuda de algún estímulo económico, a otros diputados para evitar que prosperen los cambios al mencionado presupuesto que debilitará las finanzas del gobernador Mena Rodríguez y fortalecerá la figura de los ocupantes de las principales oficinas del edificio de Allende.

Incluso, se habla que la chiquillada estaría en condiciones de presentar este día su propuesta de presupuesto de egresos alterna, la cual fue elaborada por la actual administración estatal y que si bien presenta algunos cambios, éstos son mínimos y se ciñe a los lineamientos de la iniciativa original que hace unos días envió el mandatario a los legisladores.

Si los diputados de Morena, el PT, el PES y los dos del PRDLaura Yamil Flores Lozano y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes- que ahora por conveniencia marchan al lado de la oposición se mantienen firmes y no ceden a las órdenes del PRI, es probable que cada legislador disponga de casi 20 millones de pesos que podrá repartir entre los alcaldes que serían los beneficiados al obtener más recursos públicos.

Lo malo de ese proceso de reajuste y reasignación de partidas, es que los presidentes municipales no están mostrando mucho interés por esos fondos, pues hasta anoche muy pocos se habían acercado a los legisladores para proponer proyectos y lograr la dotación de recursos.

La mayoría de los ediles anda de vacaciones o se encuentra en recuperación como la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien hace unos días se sometió a una cirugía de trasplante de córnea y por esa razón no atiende a nadie.

Y como nunca falta los vivales, le cuento que el diputado federal plurinominal del PT, Silvano Garay Ulloa, una vez que se enteró que su hija la legisladora local Irma Garay Loredo manejaría recursos para obras, citó a una veintena de alcaldes para, según dicen, ofrecerles recursos a cambio de una comisión porque a ellos les cuesta mucho trabajo negociar y obtener esas partidas.

El operador del gobernador en el Congreso, el diputado morenista priista, Víctor Manuel Báez López, está convertido en un inútil, porque aunque aún se ostenta como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política la realidad es que todos lo ignoran y ha dejado pasar propuestas como la iniciativa de Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios que terminará beneficiando y fortaleciendo la labor que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.

De no existir algún cambio, esa ley podría ser aprobada este día, pues no se descarta que al concluir la sesión de la Comisión Permanente se realice una sesión extraordinaria para tal efecto, donde además se podría también discutir y avalar el presupuesto de egresos del 2019.

Es obvio que Ramiro Vivanco Chedraui, el junior diputado verde morenista que impulsó esa propuesta de austeridad nunca vio ni analizó el alcance de esa ley que sin dudas es buena, pero que al final generará un gran descontento entre los funcionarios estatales y municipales que ahora deberán restringir más sus gastos y someterse a la supervisión de los auditores del OFS, instancia que ampliará su poder e influencia en el estado, incluso por encima de los legisladores locales.

Si los alcaldes y los responsables de las dependencias estatales y de los entes fiscalizables ya tenían problemas para justificar adecuadamente los recursos públicos, imagínese cómo les irá ahora que tendrán que realizar ajustes y cumplir con otras disposiciones legales para hacer efectiva la racionalidad del gasto.

Sin duda Ramiro Vivanco será señalado como el culpable de incrementar, el de por sí ya pesado trabajo administrativo, de ahí que ese mediocre diputado deberá cargar con las mentadas que pronto empezará a recibir.