El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer confirmó que pese a la oposición que existe de algunos gobernadores y de una parte de los senadores para que los superdelegados operen en las 32 entidades, éstos seguirán siendo los representantes del gobierno federal y los encargados no sólo de los programas sociales, sino de los recursos que se asignen a los estados en materia de obra pública.
Ayer los superdelegados recibieron un espaldarazo de López Obrador y al mismo tiempo fueron exhortados para dar resultados en la integración del Censo de Bienestar que será determinante para que las personas reciban los apoyos que el nuevo gobierno federal se comprometió a entregar a partir de enero del 2019.
Aunque el promedio nacional del avance de los censos de los beneficiarios de los diferentes programas es del 50 por ciento, hay entidades como Oaxaca y Chiapas que se encuentran en un porcentaje mayor, así como Puebla y Tlaxcala que en términos reales reportan un progreso del 60 por ciento en esa tarea.
Esta primera encomienda para los superdelegados representa una prueba de su efectividad y trabajo, pues es obvio que el presidente de México sigue de cerca esa labor y está evaluando la capacidad de esos funcionarios federales que en caso de no dar resultados podrían ser cambiados.
Tlaxcala se encuentra en el ánimo de López Obrador, a quien no se le olvida que fue el segundo estado del país donde obtuvo la más alta votación para convertirse en presidente de México, por esa razón en enero se tienen previstas dos visitas del tabasqueño, de las cuales ya está enterada la superdelegada del estado, Lorena Cuéllar Cisneros.
La primera podría darse antes del 10 de enero y López Obrador vendría para poner en marcha la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, trabajos que si bien ya iniciaron hace unas semanas con algunas deficiencias, la obra serviría de marco para dar a conocer el programa carretero y de mantenimiento que el gobierno federal tiene planeado para el 2019.
Posteriormente y antes de que finalice el primer mes del 2019, Andrés Manuel López tiene planeado llegar nuevamente a Tlaxcala para iniciar la entrega de los apoyos de uno de los programas sociales que su administración pondrá en marcha y que la superdelegada Lorena Cuéllar coordinará y supervisará a fin de evitar corrupción y el uso con fines políticos electorales.
Algo de lo que no se habló ayer durante el encuentro privado que los superdelegados sostuvieron con el presidente y los secretarios de la administración federal, fue la recomendación que hizo López Obrador a los miembros de su gabinete en el sentido de abstenerse de hacer designaciones de delegados en las dependencias que controlan, porque el único canal oficial para trabajar en los estados es a través de los superdelegados, lo que fue interpretado como un espaldarazo para esos funcionarios que en algunas entidades sufren el maltrato de los gobernadores y de otros actores políticos.
El proyecto de López Obrador de impulsar a funcionarios desde el gobierno federal para ganar gubernaturas en las próximas elecciones está en marcha y se mantendrá pese a quien le pese, por lo que ahora sólo falta esperar para ver si ese experimento le da los resultados esperados.
Por cierto, el que pronto podría verse inmiscuido en otro escándalo es el secretario de Salud de Tlaxcala, Alberto Jonguitud Falcón, quien al parecer procedió a repartir las certificaciones de comunidades saludables sin cumplir con los requisitos que establece ese programa, porque simplemente ese funcionario estatal pretende captar los recursos que llegan por ese proyecto gubernamental y así simular que trabaja cuando todos saben que desde hace dos años está de vacaciones en la entidad.
El caso antes mencionado ya fue notificado a las autoridades federales que podrían iniciar una investigación para evitar que exista mal uso de los recursos económicos que se destinan a ese programa.
Y así como los proveedores del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) sufren por los adeudos cercanos a los 15 millones de pesos que esa dependencia se niega a pagar, en la Secretaría de Salud de Tlaxcala existe un problema similar que implica varios millones de pesos que los abastecedores de servicios y productos reclaman y que pronto podrían hacer público.
Algo pasa en el gobierno del estado porque los adeudos con los proveedores van en aumento y nadie se explica las razones si las autoridades siempre presumen finanzas sanas y cero deuda pública.