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La desesperante cantaleta del gobierno estatal

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La trillada postura de los funcionarios estatales de negar una realidad y tratar de minimizar la violencia que ha provocado la disputa que sostienen bandas criminales en diferentes regiones de la entidad no resulta sano para nadie, pues los delincuentes no se van a ir y menos a detener porque no se hable de ellos o porque se diga que radican en otros estados y que sólo vienen a Tlaxcala a realizar sus fechorías.

Un funcionario que en teoría debería estar más que informado de las actividades del crimen organizado en Tlaxcala es el cándido secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien en su prolongada estancia en la PGR y su efímero paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado debió enterarse de cómo operan y en dónde tienen presencia esos delincuentes, de ahí que sus declaraciones en torno a las balaceras y ejecuciones registradas en la entidad provocan risa por su enorme ingenuidad.

Nadie le puede creer que en Tlaxcala no existan bandas organizadas dedicadas a la extracción y venta de combustible robado de los ductos de Pemex.

Decir que el estado padece y es víctima de delincuentes poblanos es absurdo, pues las actividades ilícitas se realizan en territorio tlaxcalteca y es aquí donde se les debe detener y perseguir.

Resulta grave escuchar al iluso funcionario cuando asegura ante los reporteros que para enfrentar ese problema se reforzarán las estrategias de seguridad en los límites de Ixtacuixtla y San Martín Texmelucan, municipio de Puebla, cuando desde hace meses se vive un grave problema de huachicol.

Es evidente que la postura oficial es hablar exclusivamente de la venta ilegal de combustible y negar y omitir los hechos violentos relacionados al narcomenudeo y la distribución de drogas, debido a que el gobierno del estado no quiere tocar un tema que resulta muy incómodo y que para su mala suerte ya existe en Tlaxcala.

La disputa de bandas del narco por el territorio tlaxcalteca es real y no descarte que en los próximos meses se recrudezca la violencia en la entidad.

Para ese entonces esperemos que el procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ya haya concluido las diligencias preliminares que según él lleva a cabo la dependencia para detener y castigar a los responsables del linchamiento registrado hace unos días en Hueyotlipan, porque por lo visto no ha terminado las que inició en San Pablo del Monte donde se presentó el primer linchamiento en el mes de junio y el cual está impune y sin castigo.

La pasividad de los funcionarios estatales encargados de la estrategia de seguridad es insultante, así como la omisión que muestra el diputado perredista priista que dice presidir la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien en 100 días apenas si ha organizado una sesión en la cual no se logró ningún resultado concreto.

Si bien ese diputado mostró un enorme protagonismo al inicio de la actual legislatura, conforme han pasado los días ha optado por subordinarse a las órdenes de Arnulfo Arévalo Lara, enlace del gobernador con los legisladores, quien al parecer le ha dado instrucciones para no convocar a una sesión de la mencionado comisión a fin de evitar que haya pronunciamientos contra la creciente inseguridad que prevalece en Tlaxcala.

Hay diputados que están a la espera de ser convocados para proponer la comparecencia de los funcionarios encargados de la seguridad y para solicitar un informe de los hechos delictivos registrados en el estado y de los avances que existen para castigar a los responsables de los mismos.

Puede ser que Covarrubias Cervantes esté más ocupado en plagiar otras leyes para después presentarlas en el Congreso del Estado como iniciativas propias y presumir un supuesto trabajo legislativo que sólo es una cortina de humo, porque cuando se revisan sus propuestas se observa que el ex alcalde de Texoloc no aporta nada nuevo y que recurrió al copy paste.

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