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La mediocridad del procurador Aquiahuatl

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Si había alguna duda de que José Antonio Aquiahuatl Sánchez era un procurador de Justicia balín, esta semana quedó despejada al observar su insultante inmovilidad en un caso de justicia de propia mano que llevaron a cabo con total impunidad los iracundos habitantes de la comunidad de Muñoztla del municipio de Chiautempan.

Sin que existieran claras evidencias de que dos jóvenes originarios de San Bartolomé Cuahuixmatlac, comunidad vecina de Muñoztla, intentaron robarse un vehículo en la segunda población, los vecinos de la misma cansados de la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades decidieron detenerlos, golpearlos y casi lincharlos, bajo la mirada de la policía municipal, estatal y de investigación que dejaron y solaparon esas conductas que también eran ilegales.

Los hechos registrados la noche del martes de esta semana fueron ampliamente difundidos y con asombro los ciudadanos comprobaron que las autoridades se encuentran rebasadas y que son incapaces de hacer valer el estado de Derecho en Tlaxcala.

Sin tener pruebas más que la acusación verbal de una persona de esa comunidad, los vecinos de Muñoztla procedieron a golpear, juzgar y exigir la reparación del supuesto daño para evitar el linchamiento que estaban dispuestos a concretar para poner, según ellos, un contundente ejemplo a los presuntos delincuentes que decidan cometer fechorías en su pueblo.

Pasaron minutos y horas sin que las autoridades estatales tuvieran la capacidad operativa y política para intervenir y rescatar a los jóvenes de nombres Javier N. y Jesús N. Sólo se limitaron a observar y permitir esos excesos que vulneraron la frágil legalidad que prevalece en el estado.

Al final, los “enardecidos” vecinos de Muñoztla recibieron 60 mil pesos de los familiares de los dos jóvenes retenidos y en un gesto de bondad los dejaron en libertad para que por sus propios medios se trasladaran a una institución médica para recibir atención.

En teoría el chafa procurador José Antonio Aquiahuatl debió iniciar una investigación no sólo en contra de los jóvenes para determinar si se dedican o no a robar vehículos o a otras actividades ilícitas que merezcan ser castigadas, sino también tuvo que abrir otro proceso contra los habitantes de Muñoztla que simplemente no pueden aplicar su ley y burlarse de las instituciones.

La mediocridad del procurador de Justicia de Tlaxcala es preocupante porque su omisión y negligencia envía señales muy negativas a los ciudadanos.

Valdría la pena que ese ineficaz funcionario diera la cara y explicara en qué casos si intervendrá la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en cuáles no, porque pareciera que en Tlaxcala hay privilegiados que pueden tomar la ley en sus manos y ejercerla de acuerdo a sus conveniencias sin que enfrente alguna consecuencia, tal y como sucedió en esa comunidad del municipio de Chiautempan.

Resulta grave el comportamiento del procurador en casos tan delicados como el antes mencionado, pero también la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los legisladores locales y federales que lejos de abordar el tema para exigir respeto a la ley prefieren evadirlo para no comprometerse.

En Tlaxcala nadie podrá negar que ya vivimos la ley de la selva.

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