En Tlaxcala estamos muy lejos pero muy lejos de hacer efectiva la demanda popular de castigar la corrupción, pues pareciera que aquí las instancias oficiales se coordinan para proteger y facilitar ese tipo de conductas, de ahí que es casi imposible lograr una sanción ejemplar que inhiban esos actos que siempre quedan impunes.
Si en cualquier otro estado del país se hubiera detectado un probable desfalco por más de 170 millones de pesos en una institución educativa seguramente se habría registrado un escándalo mediático y el responsable de esos presuntos malos manejos hubiera sido despedido o suspendido de su cargo hasta aclarar el destino de los recursos públicos.
Sin embargo, en nuestra entidad un hecho de tal magnitud que se registró en la Universidad Politécnica de Tlaxcala que mal dirige el marianista Narciso Xicohténcatl Rojas se pretende esconder, solapar y lo que es peor, proteger no sólo por parte de la autoridad que es considerada como cabeza de sector como Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública, sino por parte de la responsable de la Contraloría del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez, que no mueve ningún dedo para investigar las presuntas anomalías financieras que fueron el motivo para reprobar la cuenta pública de esa institución correspondiente al año pasado.
Pese a que la pasada legislatura local estaba bajo el control del priista Mariano González Aguirre, sus encantos no fueron suficientes para convencer a sus compañeros diputados que casi al final de su periodo decidieron reprobar las cuentas públicas de ITIFE y de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Ambas instancias bajo el control de marianistas y en donde los recursos públicos se manejaron discrecionalmente sin considerar las instrucciones o recomendaciones del nuevo grupo en el poder, sumaron un daño patrimonial de 246.3 millones de pesos que se desconoce si ya fueron solventados ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Esas graves anomalías que fueron dadas a conocer a mediados de agosto de este año han sido ignoradas por las autoridades estatales y los nuevos diputados locales encabezados por la coalición integrada por Morena, el PT y el PES que no han llevado a cabo ninguna acción legal para tratar de sancionar esas conductas, porque quizá esperan la instrucción de su máximo líder y futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Y ante esa evidente omisión, el marrullero Narciso Xicohténcatl rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala tramitó un amparo en contra del dictamen avalado por los legisladores que reprobaron los estados financieros del 2017 de esa institución, con la clara intención de esconder sus dudosos manejos y evitar la solventación de las observaciones del OFS que seguramente se convertirán en un pliego de cargos que si se concretan tendrían que implicar la separación del cargo del ex perredista que se siente académico.
Dicha Universidad y la gestión de Narciso Xicohténcatl se encuentra en el radar de los morenistas y los principales colaboradores de López Obrador, ya que hay indicios de que en esa institución tlaxcalteca se operaba no sólo electoralmente a favor del PRI y sus candidatos en pasados procesos, sino que también se montaba una sala con un sofisticado equipo de cómputo que ayudaba a los priistas a manipular los resultados para validar sus cuestionados triunfos como los que obtuvieron en los comicios locales del 2016.
Los nuevos diputados locales aún tienen la posibilidad de marcar un nuevo camino, por lo que pronto veremos si son capaces de entrarle al tema de combate a la corrupción o si terminan por sumarse a la nefasta inercia que existe en Tlaxcala de solapar y alentar la impunidad.
Si prevaleciera la lógica, Narciso Xicohténcatl debería ser sancionado y removido de su cargo que obtuvo gracias a su amigo el ex gobernador Mariano González Zarur, pues para nadie es desconocido que esa Universidad no ha dejado de vivir en escándalos que han dañado seriamente su imagen.
Su caso sería un buen comienzo para enviar un mensaje a los tlaxcaltecas de que ahora sí se castigarán los excesos y abusos de los servidores públicos.