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Un Godínez a la Fiscalía Anticorrupción

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José Antonio Aquihauatl Sánchez, encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, optó por la opción más gris y sin prestigio para ocupar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia que en el corto plazo será inoperante e intrascendente como lo será en su conjunto el Sistema Estatal Anticorrupción.

La tardía designación del eterno ministerio público Pedro Sánchez Ortega como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción es un mal augurio para el Sistema Estatal Anticorrupción que se está armando a cuentagotas, pues hasta ahora no hay ni un solo integrante que forma parte de ese andamiaje que cuente con prestigio o envíe una señal de que en verdad las malas prácticas de los servidores públicos serán castigadas.

Sólo se necesita revisar el perfil de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala para comprobar lo anterior.

Es obvio que el procurador José Antonio Aquihauatl se decantó por Pedro Sánchez, quien tuvo la fortuna de tener el perfil más gris y la actitud más sumisa que se pudiera encontrar para evitar una competencia por los reflectores o un golpeteo como el que él utilizó para desacreditar el trabajo de sus ex jefes en la dependencia Tito Cervantes Zepeda o el inocente José Aarón Pérez Carro.

Pedro Sánchez Ortega tiene más de 25 años como agente del ministerio público. En su expediente acumula diferentes quejas y la recomendación 189/93 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde por ciento también está incluido el hoy inmaculado senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima, que arrastra un pasado oscuro y tormentoso.

En el mencionado expediente se le acusó de haberse negado a integrar la averiguación previa 1067/92 que se refería a un caso de abuso por parte de las autoridades del ayuntamiento de Chiautempan.

Su trabajo como coordinador de agentes del ministerio público es intrascendente, pues en los asuntos de alto impacto cuando un juez tiraba las carpetas de investigación por estar supuestamente mal integradas, Sánchez Ortega giraba la instrucción de no apelar tal decisión, lo cual facilitaba la salida de la cárcel de los presuntos culpables del delito, lo que dejaba entrever que existían arreglos para llevar averiguaciones previas con ciertas inconsistencias pactadas con anterioridad.

En Tlaxcala ya se volvió muy común el fusilamiento verbal para satanizar ciertas conductas de funcionarios que se presumen incurrieron en descarados actos de corrupción, sin embargo es urgente que los actores políticos dejen la metralla y hagan realidad el combate a esas conductas que tanto lastiman a la sociedad.

Hay casi 30 ex alcaldes con acusaciones penales en la PGJE cuyas investigaciones simplemente no avanzan y otros casos que deberían ser investigados y sancionados, como la desaparición de los muebles y otros objetos de valor que los ex diputados locales realizaron de manera ilegal del Congreso del Estado.

También hay casos que merecen una indagatoria como es el asunto de las cuentas públicas que hace unos días fueron reprobadas por los diputados locales y que según los dictámenes hay millonarias anomalías financieras y probables daños patrimoniales.

En lo personal me parece que el Sistema Estatal Anticorrupción no está a la altura de lo que merecen los tlaxcaltecas y que el farsante procurador José Antonio Aquihauatl nos volvió a demostrar con la designación de Pedro Sánchez que lo suyo es la estúpida simulación.

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