El apresurado proceso de licitación que emprendieron las autoridades tlaxcaltecas para comprar casi 200 patrullas ha empezado sufrir extrañas alteraciones que sólo confirman las sospechas de que todo se encuentra arreglado para beneficiar a un proveedor poblano, lo cual terminará en un escándalo que salpicará a funcionarios estatales y empresarios involucrados en la estafa del año.
Si la licitación de la compra de las nuevas patrullas está en orden y es legal como anda presumiendo el Oficial Mayor de Gobierno, Luis Álvarez Landa, por qué pospuso para este día la apertura de los paquetes que contienen las propuestas económicas, cuando ese procedimiento debió realizarse ayer martes 4 de septiembre.
No hubo ninguna explicación sobre el inesperado cambio de fecha. Sólo se procedió a informar a los participantes que la apertura se llevaría a cabo este día.
Los mal pensados dicen que se trató de una medida desesperada de Álvarez Landa y el Grupo Comercial Vakart para tratar de corregir el amañado proceso de adquisición de los nuevos vehículos.
Sin embargo, lo anterior también permitió conocer que el Grupo Comercial Vakart invitó a dos proveedores paleros para avalar la mentada licitación y así dejar fuera al único grupo empresarial de Tlaxcala que se inscribió en el concurso.
Pronto veremos si se confirma que Ford Rivera del vecino estado de Puebla dotará los 200 nuevos vehículos al gobierno de Tlaxcala y si las nuevas patrullas son Ecosport y Ford Pick Up 4 x 2 y 4 x 4.
Y ya que hablamos de excesos, el poblano presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Maldonado Bonilla, debería informar cuánto costó a los tlaxcaltecas el viaje que magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura realizaron en días pasados por Costa Rica y cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron.
Al igual que sucedió con la alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca y su séquito que estuvo por Perú, Argentina y Uruguay, el periplo de los magistrados se trató de mantener en secreto, pero ya trascendió y ahora todos tratan de saber cuánto gastaron los impolutos impartidores de justicia de Tlaxcala.
Otra duda que existe sobre el oscuro manejo de los recursos del TSJE y que pronto merecerá una respuesta es el chanchullo que se hizo en ese poder con la compra de una póliza de seguros que fue adjudicada a un amigo poblano de la directora de Recursos Humanos del Poder Judicial, Ana Cecilia Quiroz Chauviere, hija del ex gobernador interino de Tlaxcala, Samuel Quiroz de la Vega.
Y por si fuera poco esos excesos, Maldonado Bonilla también deberá explicar las razones por las cuales el Poder Judicial sigue utilizando recursos públicos para rentar vehículos para los magistrados, mismos que en algunos casos son ocupados por sus pasantes y asistentes para atender asuntos y negocios particulares.
Un diputado que debería bajarle a su protagonismo y dejar de buscar el reflector es Miguel Ángel Covarrubias que ayer arropado en su traje de defensor de los débiles y de Hulk demandó derribar los muros que separan a los ciudadanos de los legisladores.
Si en verdad quiere hacer algo bueno, el diputado local del PRD debería dejar de rascar en los muros de tablaroca y ponerse a revisar el costo de la remodelación del Congreso del Estado –efectuada por una empresa poblana- que dejó buenos dividendos al ex diputado vedette Mariano González Aguirre, quien seguramente heredó de su ex cachonda mamá y de su hacendado padre las mañas para birlar el dinero de manera fácil y seductora.
Por cierto, Marianito González ha optado por tener un bajísimo perfil en los últimos días, pues según él está en espera de la llamada del gobernador Marco Mena que lo invitará a formar parte de su gabinete, como ya pasó con el gris Arnulfo Arévalo Lara que será el enlace del Poder Ejecutivo con el Congreso del Estado que está en manos de Morena y sus aliados el PT y el PES.
La nueva responsabilidad de Arévalo Lara nadie la entiende y menos cuando esa labor que desempeñará en teoría le correspondería al bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien a lo mejor ya demostró que no está capacitado para tratar asuntos serios y de relevancia.