El caso del policía de investigación Marcos N. que enfrentará la justicia en el vecino estado de Puebla por el delito de trata de personas podría sacar a flote la red de protección que la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala ha ofrecido a un grupo de agentes que por años han controlado la dependencia y han realizado abusos y excesos sin enfrentar consecuencias legales.
Aunque las autoridades tlaxcaltecas buscan minimizar el caso del agente tlaxcalteca de la PGJE detenido por obligar a una mujer a ofrecer servicios sexuales, con el pretexto de que nadie sabía su ilícita actividad y que forma parte del personal heredado por la anterior administración estatal encabezada por Mariano González Zarur, en los hechos ese policía de investigación sometió a su víctima desde marzo del 2016 hasta agosto del presente año sin encontrar algún obstáculo o impedimento en Tlaxcala.
La suerte del mencionado agente quizá cambió cuando el caso empezó a ser investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla que encontró los elementos necesarios para proceder en su contra luego de dos meses de indagatorias.
Las autoridades tlaxcaltecas quieren pecar de ingenuas y por esa razón le daremos algunos datos del grupo al que pertenecía Marcos N. para que no se digan sorprendidas o que no saben con quiénes tratan.
El ahora ex policía Marcos N. estaba asignado a un grupo especial de la PGJE, donde es difícil pensar que ni sus compañeros supieran de la explotación sexual que llevaba a cabo desde el 2016, sobre todo cuando ese selecto comando está integrado por los comandantes Luis Paredes Morales y Pilar Portillo Velazco, quienes al conocer la detención de su compañero buscaron al abogado indicado para llevar a cabo la defensa del presunto padrote.
Pilar Portillo se encuentra denunciado ante el agente del Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores públicos, ya que se negaba a ejecutar las órdenes de aprehensión emitidas por los juzgados penales.
Se dice que para llevar a cabo su trabajo solicita un impulso económico, situación que terminó en una denuncia por parte de la persona agraviada que no aceptó esa ilegal propuesta.
Para nadie es desconocido que ese selecto grupo de agentes conocido como “La nueva Hermandad” controla las órdenes de aprehensión. Se presume que antes de ejecutarlas los policías optan por extorsionar a los involucrados en denuncias penales, para lo cual usan los vehículos oficiales de la PGJE porque les resulta más redituable económicamente hablando al someter a un terror sicológico a las personas que deberían ser detenidas, quienes optan por pagar el dinero solicitado para evitar la cárcel.
El hoy procurador de Justicia en Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, sabe que ese comando de policías investigadores fue detenido en Puebla en un operativo donde les fueron encontradas armas largas y cortas.
Al momento de su detención los agentes tlaxcaltecas no llevaban ningún oficio de comisión, de ahí que estuvieron retenidos por unas horas antes de ser liberados de manera extraña de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.
Se suponen que los agentes de investigación deben llevar un oficio de comisión en el momento de trasladarse a otra entidad federativa para realizar alguna investigación u ejecutar alguna orden de aprehensión.
Este grupo conocido como “La nueva Hermandad” ha creado un gran temor entre sus mismos compañeros, quienes prefieren quedarse callados ante los atropellos y actos ilegales que suelen cometer esos agentes, quienes presumen estar protegidos por altos funcionarios del estado de Tlaxcala.
Y por lo que se ve el comandante David Mejía Morales inspector en jefe de la Policía de investigación y el procurador de Justicia José Antonio Aquiahuatl Sánchez no han hecho nada para frenar y controlar a esos agentes heredados por la pasada administración, que por cierto, dejó de tener el poder el 31 de diciembre del 2016.
Ojalá hagan algo al respecto, porque por el momento pareciera que están relacionados con ese nefasto grupo.