Sólo con observar y analizar los antecedentes y la trayectoria de los integrantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción se puede llegar a la conclusión que será un ente sin vida que poco o nada hará para combatir esa práctica tan arraigada en la administración pública, por lo que se perdió la oportunidad de dotar a la sociedad de un instrumento que ayudará a recuperar la credibilidad del gobierno estatal.
El proceso de elección de los ciudadanos que conformarían el mencionado comité resultó una farsa porque nuevamente los diputados locales optaron por llevar a cabo un reparto de cuotas que atendió más a los intereses partidistas y a la voluntad del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que en procurar la designación de personas con prestigio e interesadas en aplicar la ley a los excesos que cometen funcionarios estatales y municipales en el desempeño de sus cargos.
Los elegidos para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala son Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Cuapio, Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez, de quienes no se puede decir nada bueno al no tener ninguna trayectoria sobresaliente o una labor destacada.
Basta con verlos para llegar a la conclusión de que se trataba de hombres y mujeres que tenían la necesidad de encontrar un trabajo mejor remunerado, el cual obtuvieron gracias a una recomendación o a una imposición del hombre que hoy detenta el poder en Tlaxcala, de ahí que no tendrá iniciativa propia y se limitarán a acatar las órdenes de quién autorizó su designación.
Es obvio que nadie se preocupó por el prestigio ni por la credibilidad. Los diputados locales y en el gobierno del estado sólo se dieron a la tarea de cumplir con el requisito de integrar un organismo que nació muerto y sin ninguna credibilidad.
Con ese pésimo antecedente ayer mismo fueron enviadas al Congreso del Estado las dos ternas de abogados para elegir una dupla de magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, en las cuales se incluyó a personajes que representan una burla para los ciudadanos porque no es posible que esos “profesionales del derecho” con antecedentes de corrupción sean los que juzgarán esa práctica tan común en los gobiernos estatal y municipal.
La terna femenina está conformada por María Isabel Pérez González, Teodora Popocatl Nava y Noemí Nohpal González, mientras que la terna masculina la integran Marcos Tecuapacho Domínguez, Javier Caporal Rodríguez y Pedro Sánchez Ortega.
María Isabel Pérez es una abogada que ha trabajado en el Poder Judicial de Tlaxcala y ha sido señalada por dejar en libertad a delincuentes acusados de secuestro.
Noemí Nohpal participó en la integración de la averiguación previa que se abrió contra los policías acreditables acusados de secuestro durante la administración de Mariano González Zarur, mismos que sufrieron anomalías en su proceso y que además fueron torturados. También tuvo a su cargo las investigaciones ministeriales contra los ex presidentes municipales, quienes fueron alertados para tramitar amparos y evitar su detención para no ir a la cárcel.
Por lo que respecta a los varones, Marcos Tecuapacho Domínguez es un personaje que goza de un enorme desprestigio. Tan sólo habría que preguntar a sus alumnos cuando dio clases en la UAT que piensan de tal propuesta. Estoy seguro que más de uno podría describir y recordar las cuotas que pedía ese “honorable” catedrático para otorgar buenas calificaciones.
Además tiene mala fama y se le ubica como un pésimo litigante. Si hoy es considerado para ser magistrado es por su larga amistad con Fabricio Mena Rodríguez, hermano del gobernador Marco Antonio Mena.
Y si no me cree que Marcos Tecuapacho es uno de los favoritos, entonces que alguien me explique por qué fue el único abogado propuesto que ha sostenido una reunión privada con el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, la cual se llevó a cabo el lunes pasado sin ningún gramo de discreción.
Por lo que respecta a Abdel Rodríguez Cuapio, éste es un abogado que sus antecedentes no lo ayudan en nada. Para empezar es sobrino del Consejero Jurídico del gobierno del estado, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza. Se sabe que fue despedido de la Unidad Jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado por tener, según dicen, un comportamiento poco ético.
Habría que ver si las propuestas enviadas a los diputados locales cumplen con los requisitos que establece la ley para integrar un tribunal de justicia administrativa, pues hasta donde se sabe los abogados que formen parte de esa instancia judicial deben ser especialistas en esa materia como lo establece el artículo 116 de la Constitución federal.
El Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala es una burla, así de simple.