Una vez que ayer concluyó el plazo legal para que los entes fiscalizables solventarán sus observaciones registradas en sus cuentas públicas, corresponderá a los diputados locales revisar, analizar y elaborar los dictámenes correspondientes, por lo que pronto veremos qué tan implacables son a la hora de revisar el correcto uso y aplicación de los recursos públicos.
Un enorme carga de ineficiencia es la que persigue a la actual legislatura local en el proceso de fiscalización, pues al inició de sus funciones prometió cero tolerancia a la corrupción y castigo a los ex alcaldes que se excedieron en sus funciones y dejaron quebrados a sus respectivos ayuntamientos.
Han pasado 19 meses desde que los diputados asumieron sus cargos y es la fecha que no existe ningún ex presidente municipal en la cárcel, pese a que están más que documentados sus malos manejos financieros.
Tampoco tuvieron el valor para iniciar una investigación sobre los presuntos malos manejos que se cometieron en la pasada administración que encabezó el malhumorado Mariano González Zarur, quien bien pudo ser llamado a cuentas para que respondiera a la estafa maestra que cometió con la compra de miles de tabletas que en teoría fueron entregadas a estudiantes tlaxcaltecas, sólo por citar un caso de sus excesos y abusos.
Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Fiscalización y Finanzas del Congreso local ha reiterado en los últimos días que el Poder Legislativo no será un alcahuete y que por el contrario será implacable al momento de dictaminar las cuentas públicas de los 105 entes fiscalizables correspondientes al 2017.
Seguramente habrá una que otra cuenta pública que serán reprobada, así como otras que serán avaladas con severos cuestionamientos y otras más que pasarán sin problemas, sin embargo los actuales diputados deberán medir el alcance de sus decisiones porque la próxima legislatura con mayoría de Morena y sus aliados que entrará en funciones en septiembre no tendrá ningún impedimento legal para abrir esos expedientes en caso de encontrar indicios o elementos que supongan que se trató de cubrir actos de corrupción.
Hoy los diputados pretenden mostrarse exigentes y hasta honestos, pero se les olvida que en la Procuraduría General de Justicia del Estado existen 30 denuncias contra igual número de ex ediles que fueron almacenadas por los agentes ministeriales.
De esas denuncias sólo cuatro fueron debidamente integradas en la PGJE, pero como suele suceder en sistemas corrompidos e infectados por la corrupción, los probables culpables evadieron su aprehensión porque fueron alertados desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de ahí que Adolfo Escobar Jardínez, Vicente Hernández Roldán, Antonio Mendoza Romero y Filemón Acoltzi Nava caminan libremente por las calles sin ninguna preocupación.
Si los diputados locales no pudieron ser implacables con esos ex alcaldes que enfrentan acusaciones millonarias, dudo que ahora sí se pongan dignos y exigentes con las actuales autoridades.
La revisión de las cuentas públicas correspondientes al año pasado no urge y bien podrían dejar ese proceso a la siguiente legislatura, para darle prioridad a temas más apremiantes como la designación del procurador de Justicia del estado y la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción.
La aprobación de las mencionadas cuentas públicas al final puede resultar un mal negocio para los actuales diputados.
Y para finalizar le dejo una trivia más
Quién es el funcionario del Registro Público que ganando 12 mil pesos mensuales ha acumulado un digno patrimonio inmobiliario. Le gusta la buena vida y simplemente no hay concordancia entre lo que gana y gasta.
Pistas.
Es tan bueno que se ha mantenido en el mismo cargo durante las últimas tres administraciones estatales.
Presume conocer los secretos y negocios de todos los jefes que ha tenido.