Tuvieron que pasar casi siete años y siete meses para que se le pudiera encontrar un uso al inmueble conocido como La Plaza Bicentenario, la cual fue construida por el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz y que implicó el gasto de más de 500 millones de pesos que por fin servirán de algo una vez que el Conacyt decidió instalar un consorcio tecnológico y científico.
Hoy el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asumirá el control de La Plaza Bicentenario, espacio en donde espera invertir alrededor de 27 millones de pesos para adecuar el inmueble que albergara un consorcio científico dedicado a la investigación automotriz, textil y química.
Los recursos que se invertirán provienen de las multas aplicadas a los partidos políticos y cuyos fondos por ley se deben aplicar a cuestiones de ciencia. Los proyectos que emprenderá el Conacyt en Tlaxcala serán regionales y estarán encaminados a apoyar a las ramas industriales antes mencionadas a fin de alentar su crecimiento y consolidación.
Hasta aquí todo se escucha bien, pero habrá que conocer cuál será la postura que asumirá María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo, para iniciar una investigación que permita fincar responsabilidades a los funcionarios de la administración de Mariano González Zarur, quienes ante su negligencia y omisión provocaron la pérdida de millones de pesos en equipo y mobiliario.
El gobierno de Héctor Ortiz no sólo gasto miles de pesos en la edificación del inmueble localizado a unas cuantas cuadras del zócalo capitalino, sino que también realizó la compra de butacas, elevadores, el sistema de aire acondicionado y de un sofisticado equipo de sonido.
La inconclusa Plaza Bicentenario que dejó Ortiz Ortiz al abandonar el gobierno sirvió de pretexto al vengativo Mariano González para emprender una encarnizada persecución contra funcionarios orticistas y constructores, pues según los sabuesos del marianismo había irregularidades financieras y estructurales que debían ser sancionadas.
En junio del 2015 el gobierno del hacendado Mariano González reveló los nombres de los ex funcionarios orticistas que fueron inhabilitados por supuestas anomalías relacionadas con el mencionado inmueble.
La lista la encabezó Adalberto Campuzano Rivera, ex Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Baldomero Ruíz García, ex Director de Obras Públicas, Gilberto Reyes Zepeda, ex Secretario Técnico, José Eusebio Rubén Téllez Gutiérrez, ex Encargado de la Unidad de Concursos y Precios Unitarios, José Luis Mejía Rojas, ex Jefe del Departamento de Infraestructura Urbana, Leonel Lima Loaiza, ex Jefe del Departamento de Infraestructura y Obras Viales, Marco Antonio Vázquez Salazar, ex Jefe de Oficina adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Felipe Cuapio Tzompa, ex Residente de Obra.
Y como podrá ver nunca apareció el constructor de la obra y funcionario estatal Jesús Luévano Escalona ni el ex gobernador Héctor Ortiz, pues simplemente González Zarur no pudo proceder en su contra por más que buscó elementos para hacerlo o mejor dicho su contralor Hugo René Temoltzin Carreto nunca rascó donde en realidad estaban las inconsistencias porque no quiso o porque habría encontrado algún estímulo para engañar a su jefe.
Valdría la pena que la actual contralora María Maricela Escobar se pusiera a trabajar para indagar el destino y el estado que tienen los equipos que se compraron para el adecuado funcionamiento de La Plaza Bicentenario, pues hasta donde se sabe éstos estaban abandonados y sin el debido cuidado en una de las bodegas de la Secoduvi.
Se trata de millones de pesos que no fueron resguardos correctamente por funcionarios de la pasada administración, de ahí que es obligación de la Contraloría del Ejecutivo determinar si hay responsables o no por el daño que sufrió ese equipamiento que seguramente no sirve por el poco cuidado que recibió.
Si hay una dependencia que ha estado de adorno en la actual administración es la Contraloría del Ejecutivo que se ha dedicado más a tapar todas las irregularidades que dejó el gobierno de Mariano González y a cubrir los errores y anomalías que llevan a cabo los actuales funcionarios, ya que hasta ahora se desconoce si hay servidores públicos sancionados o amonestados por alguna inconsistencia.