A la hegemonía del PRI en el Congreso de Estado le quedan 50 días más de poder, por lo que deberán aprovecharlos para llevar a cabo algunas designaciones de funcionarios y magistrados que están pendientes y que en el futuro pueden representar grandes aliados, sobre todo cuando en septiembre el Poder Legislativo pasará a manos de Morena, el PT y el PES.
Los diputados locales tendrán que trabajar a marchas forzadas si es que quieren sacar los pendientes que tienen en materia anticorrupción y que incluye el nombramiento de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, así como el secretario técnico e integrantes del consejo ciudadano de ese sistema.
Tlaxcala sigue siendo de los estados rezagados en concretar el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. En 18 meses los legisladores locales nunca le dieron prioridad y hoy que los priistas y sus aliados están por perder el control del Congreso del Estado seguramente harán valer su peso para obtener esas posiciones y evitar que sus adversarios caigan en la tentación de nombrar a esos funcionarios.
Difícilmente el PRI observará alguna resistencia al interior del Poder Legislativo para concretar esas designaciones. El PAN y el PRD seguirán siendo aliados de conveniencia y optarán por negociar con los legisladores del tricolor antes que ceder y someterse a la órbita de influencia que en unos días más ejercerá Morena, el PT y el PES.
Los legisladores priístas esperarán las señales de su jefe político para actuar en consecuencia, de ahí que en breve el Poder Legislativo podría recibir la terna para designar al nuevo procurador de Justicia, al fiscal anticorrupción y a las otras de donde saldrán los magistrados que pasarán a fundar el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala que ya dispone de un presupuesto de 18 millones de pesos para iniciar operaciones inmediatamente.
Si el PRI se despacha con la cuchara grande y garantiza el control del mencionado tribunal y del sistema estatal anticorrupción no habrá problemas ni fuertes críticas por parte de Morena y sus aliados, debido a la consigna que ha impuesto Joel Molina Ramírez, líder estatal del partido que llevo a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no lanzar ningún señalamiento a los gobiernos emanados del PRI, PAN o PRD a fin de alcanzar la anhelada reconciliación.
Aunque parezca increíble, los legisladores electos federales y estatales de Morena aun no llegan al poder y ya fueron domesticados por Joel Molina, por lo que ya no verán posturas críticas ni fuertes señalamientos de esos políticos que antes todo lo veían mal y que pedían explicaciones por todo.
Ante tal escenario habrá que ver cómo termina la conformación del sistema estatal anticorrupción, pues por lo que se ve será un ente que no tendrá autonomía ni fuerza para combatir ese flagelo que tanto daño ha provocado a la sociedad.
Han pasado dos procuradores de justicia y hasta ahora no hay ningún ex presidente municipal detenido, pese a que en esa dependencia se investigan más de 30 casos de presunta corrupción cometidos por esos ex servidores públicos.
Los elementos y pruebas para proceder existen, pero lo que no hay es voluntad política para llevar a cuentas a esos ex ediles que se pasean tranquilamente por las calles de sus municipios y de la capital del estado.
El tiempo avanza y los diputados priistas deben aprovechar los últimos días de poder.