No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague, de ahí que los responsables de los 105 sujetos fiscalizables de la entidad deberán justificar el manejo de los recursos públicos para evitarse complicaciones legales, sobro todo cuando existe el antecedente de que cuatro ex alcaldes enfrentan procesos penales por creer que sus excesos no tendrían consecuencias.
El primer año de la administración estatal, al igual que el de los 60 municipios ya fue revisado, situación que arrojó 14 mil 750 observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que dependiendo de la gravedad y de la solventación que reciba, procederá a determinar si hay elementos o no para emitir un dictamen reprobatorio de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2017.
Del total de esas observaciones, casi el 77 por ciento corresponde a las administraciones municipales y el resto a dependencias estatales y organismos autónomos, cifra que demuestra que los actuales alcaldes en funciones concentran un importante número de señalamientos que van desde cuestiones simples hasta advertencias de la existencia de graves irregulares que podrían derivar en procesos de responsabilidades.
Aunque los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXII Legislatura Local recibieron por parte del OFS los informes de las cuentas públicas de todos los sujetos obligados a revisión, corresponderá a los próximos diputados locales que asumirán sus cargos a finales de agosto de este año revisar y aprobar los dictámenes correspondientes, proceso que se llevará a cabo a finales del 2018.
El rumor de que los actuales diputados podrían iniciar el proceso de aprobación de esas cuentas públicas es falso y sólo busca atraer a los alcaldes y responsables de las dependencias con observaciones para ofrecerles protección a cambio de ciertos estímulos.
Los procesos penales que existen contra los ex alcaldes Adolfo N., Antonito N., Filemón N. y Vicente N. que gobernaron los municipios de Tlaxcala, Chiautempan, Contla y Calpulalpan, respectivamente, sirvieron para incentivar a los presidentes municipales en funciones y a sus tesoreros para atender las observaciones del OFS, pues se calcula que la solventación de los irregularidades detectadas en las revisiones aumentó 70 por ciento.
Quizá ayudó también el hecho de que los procesos de observaciones contra ex ediles y ex tesoreros, así como de otros ex funcionarios estatales y municipales se incrementara en 400 por ciento.
Vaya, hay candidatos a un cargo de elección popular que hace unos días se presentaron ante el OFS para solventar algunos pendientes que arrastran cuando desempeñaron otra posición dentro de la administración pública.
Hasta ahora se sabe muy poco detalles de las observaciones detectadas por el OFS, pero entre los diputados locales trascendió que hay señalamientos graves como el detectar un déficit de varios millones de pesos en las finanzas de un ayuntamiento provocado por mantener una nómina abultada, así como múltiples desordenes administrativos que se podrían traducirse en un proceso penal que implicaría mandar a la cárcel a algún alcalde en funciones.
Muchos presidentes municipales no pasarán la primera prueba correspondiente a su cuenta pública del 2017, situación que sin duda encenderá los focos de alerta de la gobernabilidad en algunos ayuntamientos, porque los integrantes del Cabildo empezarán a exigir cuentas claras a sus alcaldes, que al parecer marginaron a los regidores de ciertas partidas económicas que seguramente fueron observadas.
Hay más de 5 mil observaciones que apuntan a un probable daño patrimonial y otras 3 mil más que podrían terminar en responsabilidad administrativa que puede estar acompañada de alguna sanción. La fiscalización es real y pronto se empezarán a ver sus consecuencias.
Los excesos y las malas prácticas en la administración pública al parecer ya no serán solapados.