Las prisas y el trabajo al madrazo nunca son buenas opciones. El conflicto en el ayuntamiento de Ixtenco está lejos de solucionarse con la aprobación de un dictamen ilegal por parte de los diputados locales, quienes no sólo violaron la ley y los derechos de la síndica Lucía Rojas González, sino que nunca justificaron su decisión para suspender por 180 días a dos autoridades.

La falta de liderazgo, de profesionalismo y de sensibilidad política ha sido evidente en el Congreso del estado que ha navegado sin capitán y sin ninguna brújula, de ahí que a poco más de cuatro meses de concluir su periodo los actuales diputados decidieron refugiarse en el valemadrismo para heredar los problemas a la próxima legislatura local.

Aunque tuvieron tiempo de sobra para buscar una solución al conflicto entre el alcalde de Ixtenco Miguel Ángel Caballero Yonca y la síndico Lucía Rojas González, la realidad es que nunca atendieron el caso. Al contrario, alentaron la confrontación entre ambos integrantes del Cabildo que terminó en un enfrentamiento violento registrado a mediados de marzo.

La Secretaría de Gobierno a través de Tito Cervantes Zepeda trató de mediar en el conflicto sin obtener un resultado positivo. Ante las posiciones irreconciliables del alcalde y la síndica la Segob regresó el problema al Congreso del estado, que ante las prisas de los legisladores por dejar sus cargos para irse a sus campañas para lograr la reelección o convertirse en diputados federales, plantearon una solución plagada de irregularidades que pronto podrían quedarse sin efectos legales.

El supuesto líder y responsable del Poder Legislativo de Tlaxcala, Mariano González Aguirre, fue invadido por la soberbia y el gen misógino que heredó de su padre el ex gobernador Mariano González Zarur, por lo que el priista no tuvo ningún empacho en exigir a sus peones Ignacio Ramírez Sánchez y José Martín Rivera Barrios, presidentes de la comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Municipales, respectivamente, un dictamen elaborado al madrazo para suspender de sus funciones al alcalde y a la síndico de Ixtenco.

Mariano González mantiene la dualidad de ser diputado local en funciones y candidato a diputado federal por el distrito uno que incluye al municipio de Ixtenco. Su suplente en su candidatura es su criado Rivera Barrios que cedió a su esposa Mónica Morrillón Sánchez, la candidatura a diputada local por el tercer distrito con cabecera en Xaloztoc.

Lo menos que se esperaba es que Mariano González y José Martín Rivera se hubieran excusado sobre la discusión en el pleno del Congreso del estado del caso de Ixtenco, ya que ambos tienen un interés sobre el conflicto al ser candidatos a la diputación federal en un distrito que incluye al mencionado municipio.

Pero no fue así. Ambos estuvieron presentes y el primero operó la aprobación de un dictamen irregular que fue sometido en dos ocasiones al pleno, lo cual es ilegal porque ese procedimiento no está en la ley.

Además, antes de someter a votación la suspensión de esas autoridades electas y en funciones, los diputados locales debieron iniciar un procedimiento previo y otorgar al alcalde y la síndico un derecho de audiencia, el cual tampoco se respetó y se llevó a cabo, con lo cual se violentaron los derechos de ambos funcionarios que fueron suspendidos de sus cargos por 180 días.

Otra inconsistencia, es que el dictamen no establece con claridad cuáles fueron las razones que motivaron la suspensión. Los diputados simplemente no respetaron el artículo 26 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, situación que resulta grave porque su decisión no tiene ningún sustento legal.

La síndico Lucía Rojas no se quedará cruzada de brazos. En las próximas horas presentará un recurso legal para echar abajo la decisión del Congreso de estado, situación que podría evidenciar la actitud misógina y poco profesional que prevalece en los legisladores locales.

El conflicto de Ixtenco pronto se convertirá en un dolor de cabeza para el gobierno de Tlaxcala.