Las investigaciones abiertas contra 33 ex presidentes municipales acusados de malversar recursos públicos de sus ayuntamientos empezarán a acumular polvo, al menos en los siguientes cuatro meses, porque dudo que en pleno proceso electoral algún juez o la PGJE se animen a mover esos casos que han sido acomodados en los archiveros de la impunidad.
Algo pasa en Tlaxcala que el tema de la corrupción provoca amnesia y rechazo entre la clase política. En el discurso todos se muestran interesados para combatir y castigar ese flagelo de la sociedad, pero en los hechos los une la complicidad y la omisión para dejar impune esa terrible práctica tan común hoy en día.
Resulta increíble que no haya ni un solo ex funcionario de la administración de Mariano González Zarur sancionado por las anomalías millonarias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación que logró ubicar en más de mil millones de pesos el daño patrimonial registrado durante el 2015 y el 2016.
Pero el manto protector que se extendió para los ex funcionarios estatales parece que también abarcará a los ex presidentes municipales, porque si bien hubo el intento de llevar a la cárcel a cuatro de ellos – los panistas Adolfo Escobar Jardínez, Vicente Hernández Roldán, Filemón Acoltzi Nava y al petista perredista Antonio Mendoza Romero– lo cierto es que éstos recibieron el pitazo de una magistrada y pudieron ampararse para litigar sus procesos desde la comodidad de sus casas.
Y otros más como el caso del ex alcalde de Zacatelco, el ex panista Francisco Román Sánchez recibieron su carta de inmunidad una vez que el PRI lo recibió en sus brazos y decidió registrarlo como candidato a diputado local por el distrito 13.
Si ha existido un marcado desinterés entre las autoridades estatales y diputados locales para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, lo lógico es pensar que tampoco hay voluntad para castigar los abusos y excesos de los ex presidentes municipales que hoy viven con lujos y sin el mínimo remordimiento.
Tlaxcala integra la lista de los estados del país con más atraso en la conformación del mencionado sistema. Es cierto, tenemos un marco jurídico que sólo unos cuantos conocen, porque es la fecha que nadie tiene los detalles de esa norma, pero también es verdad que no hay urgencia por nombrar al fiscal anticorrupción e integrar el Tribunal de Justicia Administrativa, así como el órgano ciudadano que se encargará de auxiliar a las autoridades.
La ausencia de un liderazgo en Tlaxcala que ponga orden y a trabajar a los diferentes actores es cada vez más evidente. Los diputados locales hacen lo que quieren y los ciudadanos estamos sujetos a sus caprichos y a sus tiempos personales.
Muchos legisladores van por la reelección o por un nuevo puesto de elección popular y es la fecha que se niegan a solicitar licencia, situación que no sólo impide a los suplentes asumir su cargo para sacar los pendientes que existen en el Congreso del estado, sino que genera desorden y alienta el valemadrismo.
Ya estamos en campañas y será cotidiano que todos los candidatos hablen del combate a la corrupción, sin embargo se tratará de pura palabrería que no se traducirá en ningún hecho concreto que ayude a castigar esas conductas que son cotidianas en Tlaxcala y en el país.
En el 2016 los candidatos que hoy despachan y cobran como autoridades estatales y municipales prometieron obras y las grandes transformaciones, pero el tiempo ha pasado y seguimos igual o peor. O usted que opina.