La omisión de los diputados locales de aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción fue solucionada en fast track para evitar más señalamientos en su contra, sobre todo cuando un número importante de legisladores anda tras la reelección, por lo que ayer avalaron cambios legales que darán vida a un esquema que intentará castigar el enriquecimiento inexplicable de los servidores públicos.
A los diputados locales de Tlaxcala les encanta ser exhibidos y exhibirse, al grado que solitos se ponen en evidencia ante sus representados, como sucedió ayer con la aprobación de las reformas y leyes del anhelado Sistema Estatal Anticorrupción.
Es obvio que los legisladores tenían la intención de posponer el tiempo que fuera posible la creación del mencionado sistema y que el plazo constitucional establecido para aprobar dichos cambios jurídicos y que venció a finales del año pasado nunca les importó, pues está claro que en Tlaxcala simplemente no hay voluntad política para combatir la corrupción.
Las reformas y dictámenes para dar paso al Sistema Estatal Anticorrupción siempre estuvieron listos y en manos del ladino diputado priista Enrique Padilla Sánchez, pero por alguna extraña razón los representantes populares de los tlaxcaltecas prefirieron esconderlas y guardarlas hasta que el jefe de los diputados diera la instrucción de procesar esos cambios, tal y como sucedió en la sesión ordinaria de ayer.
Pero para lograr que esa orden llegara, fue necesario que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concediera la semana pasada un amparo a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por el cual se pudo obligar al Congreso del Estado a expedir las reformas que sustentarán al sistema legal que castigará las malas prácticas de los servidores públicos.
Si usted piensa que tenemos legisladores eficientes y responsables que en menos de cinco días se pusieron a trabajar para elaborar las reformas y dictámenes que fueron avalados ayer se equivoca, ya que esos documentos tenían semanas o meses listos y se ocultaron a fin de prolongar el mayor tiempo posible la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Y aunque ya se aprobaron los cambios y reformas, será hasta finales de agosto cuando ese andamiaje jurídico funcione en Tlaxcala. Una vez que sea publicada la reforma en el Periódico Oficial, el Congreso del Estado deberá conformar el Tribunal de Justicia Administrativa, para lo cual tendrá que designar a dos magistrados a propuesta del gobernador.
El tercer miembro de ese cuerpo colegiado será el gris magistrado Elías Cortés Roa, quien funge como encargado de la Sala Electoral Administrativa del TSJE.
El Tribunal de Justicia Administrativa empezará a funcionar dentro de seis meses, al igual que el Comité de Participación Ciudadano que se conformará por cinco representantes de la sociedad civil.
La Procuraduría General de Justicia en el Estado tendrá que crear la fiscalía especializada en materia de corrupción, proceso que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 60 días después de haber sido publicado el decreto correspondiente.
Como podrá ver en Tlaxcala no existe ninguna prisa por castigar la corrupción, la cual al parecer sólo existe en la imaginación de los tlaxcaltecas y uno que otro mal pensado periodista. Es mentira que haya funcionarios que llegan con una mano adelante y otra atrás y cuando dejan el cargo presumen propiedades, carros de lujo y viajes en el extranjero.
Y ya que hablamos de funcionarios, le cuento que hay algunos responsables de importantes dependencias federales que andan operando en contra del virtual candidato del PRI a la diputación federal por el distrito uno, Mariano González Aguirre.
Los responsables de esas delegaciones relacionadas ambas con la vivienda dicen que no trabajarán por el aun diputado local y que no permitirán que disponga de recursos y de personal para su campaña. Con esos amigos para que quiere enemigos el hijo del ex gobernador.