Buen dicen que en política cada quien ve lo que quiere ver, porque nadie entiende los ímpetus reeleccionistas de los actuales diputados locales cuando son tachados de omisos en su trabajo al negarse a aprobar una ley que combata a nivel estatal la corrupción, cuando no pueden o no quieren ejercer presión para que se aplique la ley a ex alcaldes corruptos o cuando sus mandatos son ignorados por dos comisionados del IAIP.

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Si la pasada legislatura fue calificada como cara e improductiva, ubicándose como una de las peores que existían a nivel nacional, la actual cuyos integrantes están más preocupados en sus sueños releccionistas que en realizar su trabajo ya fue exhibida como omisa al negarse a legislar el Sistema Estatal Anticorrupción.

A nivel federal se aprobó una reforma constitucional que establecía los plazos para que en los estados del país se aprobara una ley que castigara la corrupción, sin embargo Tlaxcala no cumplió con esa disposición porque los diputados locales encabezados por el priista Enrique Padilla Sánchez simularon un supuesto trabajo en ese sentido y sólo avalaron un esqueleto jurídico que no sirve para nada.

En Tlaxcala no hay un fiscal anticorrupción, tampoco existe el Tribunal de Justicia Administrativa, ni el consejo ciudadano anticorrupción, así como otros nombramientos y leyes secundarias que se requieren para poner en marcha el mentado Sistema Estatal Anticorrupción.

El 16 de febrero se conoció que Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió el amparo a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción por el cual se busca obligar al Congreso del Estado a expedir la ley que de vida al sistema legal que castigue las malas prácticas de los servidores públicos.

Lo anterior demuestra que Enrique Padilla mintió al sostener que los legisladores sí habían cumplido con las reformas a las que estaban obligados a aprobar. Hoy Tlaxcala destaca a nivel federal por ser un estado donde no se ha legislado el sistema jurídico que combata la corrupción.

Con ese terrible antecedente más de 10 diputados locales (PRI, PAN, PRD y PVEM y PS) pretenden reelegirse, lo cual representa una burla para los tlaxcaltecas porque es obvio que tenemos legisladores que cobran sus envidiables salarios para promoverse y no para aprobar las leyes que debieron ser avalados por mandato constitucional.

La actual legislatura es omisa y débil. Los actuales diputados han devaluado la figura del legislador al grado que los jueces federales tienen que están corrigiendo su trabajo y ordenándoles cómo hacer las cosas.

Un juez federal les ha insistido que resuelvan el caso de la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, problema que tiene meses y que los diputados simplemente no pueden ponerle punto final. Otro juez federal les está ordenando que hagan su trabajo y aprueben el sistema estatal anticorrupción que debieron avalar desde el año pasado.

La debilidad de los diputados es tan notoria que dos de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala se sienten más que fuertes para desconocer el acuerdo por el cual se designó a Marlene Alonso Meneses como presidenta de ese organismo para imponer al orticista David Canales Cabrera como nuevo representante legal.

Los diputados locales también se han mostrado más que desinteresados para investigar posibles actos de corrupción no sólo en la pasada administración estatal, sino en los ayuntamientos donde están involucrados ex alcaldes que caminan por las calles con total impunidad.

Si usted quiere que se mantenga está ineficiencia, vote por la reelección de los diputados locales. Lo único bueno es que a la actual legislatura ya le queda 6 meses y nueve días de vida.