La persecución iniciada por Isabel Maldonado Textle, encargada del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), contra un pequeño grupo de ex presidentes municipales tiene tintes de venganza, porque nadie le puede creer que se ponga extremadamente estricta con los ex ediles y que al gobierno de Mariano González Zarur y sus funcionarios les haya perdonado todas sus transas.
El disfraz de dócil cordera que le gusta ponerse todos los días a la auditora general del OFS le ha servido para engañar y acercarse al poder que la ha arropado, situación que la fiscalizadora ha aprovechado para sacar su verdadera naturaleza de hiena y emprender una cacería donde va acompañada de un séquito que tiene una enorme hambre de venganza.
Hay ex alcaldes que cometieron excesos y abusos en el manejo de los recursos públicos y que merecen un castigo, sin embargo la aplicación de la ley en los casos que llegaron a la Procuraduría General de Justicia está siendo selectiva, al grado que el OFS y la ministerio público encargada de dar el trámite administrativo a las denuncias, Nohemí Nophal, no podrían justificar por qué se agilizó ciertas averiguaciones previas y por qué otras han sido olvidadas.
Además, quién puede confiar en la actuación de una ministerio público que trabajó y concentró la información en una de las oficinas que le fue asignada en las instalaciones del OFS, misma que sólo hace lo que los asesores y gurús de Isabel Maldonado le ordenan.
Vaya, es tan autónoma esa ministerio público que el mismo procurador de Justicia en el estado, Tito Cervantes Zepeda, desconoce el trabajo que Nohemí Nophal lleva a cabo para intentar meter a la cárcel a un reducido grupo de ex presidentes municipales.
La cacería iniciada ayer y que buscaba detener a ex alcaldes como el panista Adolfo Escobar Jardínez y al petista perredista Antonio Mendoza Romero, quienes gobernaron los ayuntamientos de Tlaxcala y Chiautempan, respectivamente, no prosperó y sólo pudo concretar la aprehensión de la ex tesorera de la administración capitalina Norma Sánchez Tepetla, quien es acusada por uso indebido de atribuciones y funciones.
En los próximas horas o quizá días veremos hasta dónde quiere llegar Isabel Maldonado, quien está empeñada en llevar a la cárcel a ciertos ex ediles, porque desde ahora le puedo asegurar que no todas las denuncias penales que llegaron a la PGJE terminarán en órdenes de aprehensión.
Habrá que ver si la vengativa Maldonado Textle en realidad cumple su cometido o si sólo busca asustar y aparentar supuestos castigos a actos de corrupción, con el propósito de sensibilizar a los actuales ediles y así obtener, a través de sus gurús, beneficios económicos como los han tendido todos los responsables del Órgano de Fiscalización Superior.
De hecho nadie en su sano juicio puede creer que Isabel Maldonado tiene la intención de realizar una verdadera fiscalización y castigar los abusos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues de entrada tuvo que pagar muy caro su imposición en el cargo por parte del ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur.
La auditora general del OFS simplemente paso por alto todas las anomalías que se cometieron en la administración del hacendado, en especial las realizadas en el último año de esa gestión donde hay más que evidencias del desorden y corrupción que prevaleció, sin embargo no merecieron ninguna observación por parte de ese ente fiscalizador.
Es una lástima que en Tlaxcala se simule el castigo de la corrupción y sobre todo que exista funcionarios como Isabel Maldonado que utilizan sus cargos para llevar a cabo venganzas.