Si hoy el problema de la inseguridad es percibido por la mayoría de los tlaxcaltecas, su origen está relacionado con el gobierno de odios y resentimientos de Mariano González Zarur, quien por seis años castigó a los policías estatales y dejó de aprovechar los fondos disponibles para mejorar las condiciones salariales de los uniformados y adquirir equipo y tecnología de vanguardia.
El desmantelamiento de la policía estatal por parte del gobierno que encabezó Mariano González Zarur nunca será reconocido por la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, quien en su primer año pudo comprobar que el rubro de la seguridad fue olvidado y maltratado por su antecesor.
No sólo encontró que el número de policías estatales no cumple con las especificaciones de 1.8 uniformados por cada 1000 habitantes, sino detectó el malestar que existe entre los elementos por los bajos salarios y la falta de capacitación y servicio médico.
Si bien el problema de la inseguridad es nacional, la realidad es que Tlaxcala no ha escapado a esa tendencia porque los ilícitos han ido a la alza, evidenciado aún más las limitaciones que existen en el estado para enfrentar adecuadamente a los delincuentes.
Al concluir el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz se hablaba que el número de policías estatales era de 2 mil elementos, sin embargo ese número no se mantuvo en la administración del hacendado Mariano González que optó por llevar a cabo el despido de más de 800 uniformados.
Esos despidos se dan en el primer año de ese gobierno luego del movimiento que realizaron los policías estatales para exigir mejores salarios y condiciones laborales. La represión oficial se hizo presente y con ayuda del gobierno federal esa protesta fue eliminada, para lo cual varios elementos fueron perseguidos y encarcelados y otros más muertos.
En un dos por tres el egocéntrico Mariano González logró los ahorros que pretendía y decidió mantener sólo a 1,200 policías, pues los indicadores de esas fechas confirman que Tlaxcala se ubicaba entre los estados más seguros del país.
A un político como González Zarur que gobernaba con el estómago no se le podía exigir decisiones inteligentes, de ahí que fiel a su estilo optó por castigar los siguientes años de su gestión el rubro de la seguridad, al grado que dejaba de ejercer los recursos que recibía para ese sector para regresarlos a la federación y luego solicitar su devolución para gastarlos discrecionalmente en otras necesidades que implicaban un negocio para él.
Esa es una de las razones por las cuales el pago que reciben actualmente los elementos estatales -7 mil 187 pesos mensuales- se ubica por debajo de la media nacional que es de 9 mil 993 pesos.
Las promesas para mejorar la seguridad en Tlaxcala deben dejar de ser buenos propósitos y traducirse en hechos concretos, porque si Herve Hurtado Ruiz, responsable de la seguridad en el estado, piensa que con una campaña mediática va a resolver el problema de la inseguridad está equivocado.
Si el funcionario presume que existe mayor tecnología, capacitación y estrategia, entonces que eso se traduzca en resultados concretos y en los indicadores que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque mientras no sea así el trabajo de ese ciberpolicía sólo será pura simulación.
Pareciera que para Herve Hurtado el 2017 no existió y de acuerdo con la difusión de un video institucional de la Comisión Estatal de Seguridad el 2018 será el año en que si se verá la seguridad en Tlaxcala. Será.