Ya casi paso un año de que los ex acaldes dejaron sus cargos y hasta el momento ni uno solo ha sido sancionado ni administrativa ni penalmente, por lo que si en el primer trimestre del próximo año ninguno enfrenta una detención prácticamente habrán librado sus problemas por las denuncias penales que enfrentan por el desorden financiero que dejaron.
Los ex presidentes municipales que enfrentan acusaciones de malversación de recursos públicos podrán disfrutar tranquilamente las fiestas de fin de año, pues aunque las investigaciones para llevarlos a la justicia se encuentran avanzadas, aún no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.
Sólo un selecto y privilegiado grupo de funcionarios ha tenido acceso a las investigaciones que están bajo el mando de la novata agente del ministerio público Nohemí Nophal, quien según su historial nunca ha integrado carpetas dentro de un proceso penal que haya culminado en una sentencia.
Trascendió que esa funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado fue la que se ofreció para llevar a cabo las indagatorias que pretenden llevar a la cárcel no a 28 ex alcaldes que enfrentan acusaciones penales, sino a cinco de ellos que se excedieron y que según la documentación obtenida malversaron varios millones de pesos.
Entre los impolutos ex presidentes municipales con posibilidades de enfrentar la justicia se encuentran los panistas Adolfo Escobar Jardínez y Vicente Hernández Roldán, quienes gobernaron Tlaxcala y Calpulalpan, respectivamente, así como el petista perredista Antonio Mendoza Romero que encabezó la administración en Santa Ana Chiautempan.
Pronto veremos si en realidad los ex alcaldes serán llevados a la justicia o si simplemente se trató de una pantomima en la que participó la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior y los diputados locales para simular que se castiga la corrupción, cuando en realidad la protegen y avalan.
Trascendió que Rosalía Peredo Aguilar anda más que preocupada por la posibilidad de perder el control del Partido Socialista, pues por más que un magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala operó para dejar en firme el Tercer Congreso Estatal Ordinario donde fue electa la intrascendente marioneta Patricia Zenteno Hernández como dirigente estatal, éste no pudo subsanar las inconsistencias que tenía la documentación oficial que se presentó para acreditar la validez de esa asamblea.
Aunque al PRI y a Rosalía no le guste, el control de la militancia de ese partido con registro estatal lo tienen los diputados locales Agustín Nava Huerta y Delfino Suárez Piedras, por lo que si se actúa de forma legal en la disputa que ambos grupos sostienen por el dominio de ese instituto político no sería raro que el PS terminara en poder de los legisladores que están más que dispuestos a poner fin a las canonjías de la señora Peredo.
Trascendió que ayer el juez federal que conoció el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar recibió el incidente de inejecución de sentencia en contra de los diputados locales que no acataron correctamente la orden que se emitió para llevar a cabo la ratificación o no del abogado como miembro del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
De acuerdo con el expediente, el ex magistrado solicitó al juez proceder legalmente contra los legisladores a quienes se les debe destituir y aplicar la ley porque no cumplieron con una sentencia de amparo.
Como se recordará hace unos días los diputados locales votaron en una sesión la no ratificación del ex magistrado Fernando Bernal, con lo cual según ellos dieron total cumplimiento al fallo del juez federal, sin embargo ese acto soberano ya fue cuestionado y ahora habrá que ver si la justicia decide seguir el caso o ya le pone punto final a esa historia.
Trascendió que esta columna puede dejar de publicarse unos días, sin embargo puede ser que aparezca si en estas fechas surge algún tema interesante o un chisme o trascendido que merezca ser difundido.