Aún existen dudas sobre si este gobierno estatal tendrá la voluntad necesaria para proceder penalmente contra los ex alcaldes que presuntamente malversaron los recursos públicos durante sus administraciones, porque los días han pasado y nadie sabe cuál es el estatus que guarda la integración de esos abultados expedientes que han llevado horas y horas de trabajo.
La corrupción e impunidad son dos lastres que han golpeado la credibilidad de las autoridades, porque los ciudadanos están cansados de ver y escuchar escándalos que implican el desvío impune de recursos públicos sin que exista una mínima consecuencia para los responsables de esos criticables hechos.
Sería ocioso enumerar los múltiples casos de corrupción que se han registrado a lo largo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno del ex mandatario Mariano González Zarur.
El nivel de impunidad alcanzado es tal que hoy en día existen dudas si las investigaciones sobre presuntos desvíos cometidos por ex presidentes municipales tendrán un final feliz, debido a que los meses han pasado y no existe ningún ex alcalde detenido y enfrentando un procedimiento penal por los excesos cometidos.
Ya no hablemos de los ex ediles que dejaron sus cargos hace varios años y que se les ve caminando muy tranquilos por las calles, sino de los que en diciembre del 2016 abandonaron sus encargos en medio de serias acusaciones de corrupción como es el caso de los panistas Adolfo Escobar Jardínez, Vicente Hernández Roldán y Jorge Rivera Sosa, o del petista-perredista Antonio Mendoza Romero y del priista Tomas Vásquez Vásquez por mencionar algunos.
La actual legislatura reprobó 28 cuentas públicas del último trimestre del año pasado de igual número de ex presidentes municipales, situación que dio elementos para que el Órgano de Fiscalización Superior y los actuales ediles presentaran las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
En septiembre pasado el procurador de Justicia, Tito Cervantes Zepeda, confirmó que la dependencia trabaja en la integración de nueve carpetas de investigación, sin embargo han pasado los días y su labor no se ve reflejada en ninguna acción concreta, lo que hace pensar que los ex ediles están a un paso de recibir su pase a la impunidad.
Evidencias de los presuntos malos manejos sobran, pero al parecer éstas no han sido suficientes para que la Procuraduría General de Justicia en el Estado concluya su trabajo y solicite al juez de la causa penal las respectivas órdenes de aprehensión.
Diciembre será un mes clave para ver si habrá o no voluntad para castigar esas conductas ilícitas.
Dudo que sea en los primeros meses del 2018 cuando se opte por detener a los ex presidentes municipales, pues esa medida podría contaminar el desarrollo de las elecciones federales y locales, de ahí que si un ex munícipe va a ser detenido, éste tendrá que ser llevado a la cárcel en los próximos 30 días.
Hasta ahora no hay ningún elemento que haga pensar que el gobierno del estado está interesado en castigar la corrupción, sin embargo veremos si en los próximos días hay alguna señal que haga pensar lo contrario.