En daño patrimonial del gobierno de Mariano González Zarur acumulado en los dos últimos años de su administración suman casi los mil millones de pesos, sin embargo no existe ningún procedimiento legal para sancionar a los ex funcionarios estatales que junto con el hoy ex mandatario son responsables de esos presuntos actos de corrupción que quedarán impunes.
Si las cifras revelan o no la tremenda voracidad que mostró Mariano González Zarur durante el último año de su gobierno es otra cosa, sin embargo es un hecho que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un daño patrimonial superior a los 200 millones de pesos cometidos a lo largo del 2016.
De acuerdo con los reportes de la ASF, la administración del hacendado gobernador pagó a 2 mil 900 empleados de los Servicios Educativos 156 millones de pesos de más y se comprobó que el ex mandatario ordenó la compra de bienes y servicios de forma directa por 45.9 millones de pesos sin que los funcionarios estatales responsables elaboraran la documentación que respaldara las adjudicaciones o licitaciones.
Según la información disponible, González Zarur y su secretario de Educación Pública, Tomás Munive Osorno pagaron 30 contratos de honorarios en los Servicios Educativos por 2.2 millones de pesos, sin que hubiera una relación laboral con la administración estatal.
Resulta que la pasada administración no presentó documentación correspondiente a los procedimientos de adjudicación de servicios adquiridos por 21.5 millones de pesos y tampoco elaboró un dictamen que aprobara la excepción de llevar a cabo licitaciones públicas que terminaron en 10 invitaciones a cuando menos tres proveedores que se supone fueron beneficiados con los contratos. También se ubicaron 32 adjudicaciones directas con irregularidades que sumaron 8.1 millones de pesos.
A estos más de 200 millones de pesos observados por la ASF hay que agregar los 743 millones de pesos que aún están pendientes por comprobar y que corresponden al ejercicio fiscal del 2015 del gobierno de Mariano González.
Lo lamentable es que nadie vio la corrupción rapante que prevaleció en el sexenio del hacendado gobernador. Los legisladores locales y federales se muestran indiferentes ante el descarado saqueo que hubo y la actual administración estatal ha optado por cargar el muerto y tapar los hoyos financieros heredados antes que iniciar un procedimiento legal para sancionar los excesos y abusos de Mariano González y su pandilla de vivales.
El ex mandatario goza de total impunidad y lo que es peor es que ya se prepara para regresar y tratar de recuperar el poder que perdió. Sólo espera que su amigo José Antonio Meade Kuribreña sea confirmado como candidato del PRI a la presidencia de México para volver a gritar y mandar y revivir al poderoso Mariano que todo mundo teme.
Si hoy en día la actual administración no puede o no quiere castigar la corrupción del pasado gobierno, difícilmente sancionará cualquier práctica similar que se esté realizando en estos momentos, o no.
El cinismo de Arnulfo Arévalo
La ausencia de argumentos y de capacidad se hizo presente en la persona que hoy ostenta la presidencia de la mesa directiva del Congreso del estado, el diputado priista Arnulfo Arévalo Lara, quien tiene bajo su responsabilidad el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar.
Ante el grave problema que implica la negativa del Congreso local de resolver la ratificación o no del ex magistrado, Arnulfo Arévalo trató de introducir el tufo de la corrupción en el caso al declarar que hubo ofrecimiento de dinero a algunos diputados locales para avalar la reincorporación de Bernal Salazar al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Sin aportar más elementos o nombres, el diputado dejó entrever que ese es uno de los motivos por los cuales el Congreso del estado no ha podido cumplir con el fallo de un juez federal, situación que resulta grave porque puede ser que también se haya ofrecido dinero para que los legisladores aceptaran la no ratificación de Fernando Bernal porque nadie se explica cómo le hizo el PRI para convencer a sus aliados (Nueva Alianza y Partido Socialista) de ir juntos en ese tema si estaban hace unos días casi al punto del divorcio.
Para terminar le cuento que la Feria de Tlaxcala 2017 cumplió. Tuvo cosas buenas y malas que sin duda servirán para organizar mucho mejor la próxima edición. El único escándalo que se registró fue el protagonizado por el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, quien estando acompañado de los hermanos Temoltzin Carreto recibió tremendos gritos de su esposa, quien al parecer no le gustó algún comentario porque su malestar traspasó las paredes del restaurante La Botica un viernes a eso de las 22 horas.