El caso de la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar no ha concluido y lo más seguro es que el Congreso del estado vuelva a recibir un ordenamiento de un juez federal para resolver de fondo ese asunto. Los diputados locales que presumen ser abogados y conocedores del derecho aún no deberían cantar victoria.
Si los diputados locales priistas que tienen el asunto en sus manos y que presumen sus estudios en derecho fueran más sensatos y humildes, entenderían que el dictamen presentado la semana pasada y que proponía la no ratificación del ex magistrado Fernando Bernal Salazar no cumple con el fallo que emitió un juez federal.
En primera porque el dictamen del 31 de octubre quedó empatado al lograr 10 votos a favor y 10 votos en contra, por lo que ese documento no es concluyente sobre la permanencia o no de Bernal Salazar como miembro del pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).
La justicia federal no sólo estableció los lineamientos que el Congreso del estado debería seguir para emitir un nuevo dictamen donde expusiera y argumentara los motivos por los cuales ratificaba o no al ex magistrado, sino que además fijó un plazo legal para que esa resolución fuera aprobada por el pleno.
Hasta el momento, los diputados locales cumplieron parcialmente con la sentencia del juez federal, por lo que el caso no está terminado y es muy probable que los legisladores reciban una nueva recomendación para abordar el tema y someter el caso a una nueva votación.
La idea de presentar un dictamen que establecía la no ratificación de Fernando Bernal y lograr un empate en la votación fue buena, pero al final se trata de una simple chicanada que difícilmente aceptará la justicia federal si es que aplica los criterios jurídicos que hasta ahora ha manejado en el asunto que desde el 2014 se litiga en los tribunales.
Si esa fue la brillante asesoría que la presidenta del TSJE, Elsa Cordero Martínez, ofreció al diputado Mariano González Aguirre, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, para evitar el regreso de Fernando Bernal como magistrado, imagínese en manos de quien está el Poder Judicial en Tlaxcala.
Aunque el priista Arnulfo Arévalo Lara presidente de la mesa directiva del Congreso local y de la Comisión Especial que analizó el caso del ex magistrado aseguró que el asunto está firme porque se trata de un acto soberano de la actual legislatura, lo cierto es que podría llevarse una sorpresa y recibir un nuevo ordenamiento que lo haga quedar mal.
La intención de conformar los órganos colegiados con número non tiene la finalidad de evitar empates en sus votaciones y si el dictamen de la no ratificación hubiera sido aprobado por 19 de los 25 diputados que integran la actual legislatura –aunque se hubiera destacado la trayectoria de Fernando Bernal-, el asunto estaría concluido porque ese sí sería un acto soberano que nadie tendría la capacidad de cambiar, porque no hay ninguna ley que obligue a los legisladores a aprobar el regreso de ese abogado como miembro del TSJE.
Por lo pronto le puedo decir que los actuales diputados locales sólo contribuyen a empeorar la imagen que existe sobre ellos, pues no resuelven de fondo el caso y recurren a chicanadas para tratar de salvar el pellejo.