Si el Congreso del estado dice tener la razón uno no se explica porque tarda tanto tiempo en emitir su fallo sobre la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, quien lleva ya casi tres años litigando una ilegalidad que la pasada legislatura y el ex gobernador Mariano González Zarur cometieron en su contra.
El tiempo se agota y es la fecha que el Congreso del Estado no encuentra la salida para dar cumplimiento a un fallo de un juez federal que ordenó a los diputados emitir un nuevo dictamen sobre la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar.
Aunque los legisladores locales insisten en que tienen los argumentos y la razón para negar la permanencia de Bernal Salazar como miembro de Poder Judicial en Tlaxcala, trascendió que el dictamen que se pretende presentar ante el pleno para ser votado está siendo elaborado en las oficinas de la magistrada Elsa Cordero Martínez.
Un indicio de lo anterior tiene que ver con la presencia de Rigoberto Lucas López, actual Director Jurídico del Congreso local, en el despecho de Cordero Martínez para recibir línea y los argumentos jurídicos que, según esa magistrada, servirían para rechazar la ratificación de Fernando Bernal.
A esa reunión celebrada hace unos días, también estuvo presente la magistrada Leticia Ramos Cuautle, quien anda más que preocupa porque sabe que puede dejar de ser integrante del pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
Trascendió que varios abogados ya analizaron el caso del ex magistrado y llegaron a la conclusión de que no hay elementos legales para oponerse a la ratificación, sin embargo los diputados Mariano González Aguirre y Arnulfo Arévalo Lara -responsable de la Comisión Especial que se encarga del caso-, insisten en que se debe encontrar argumentos para frustrar el arribo de Bernal Salazar al TSJE.
Elsa Cordero y Mariano González no saben ocultar su ambición y su enorme deseo por controlar el Poder Judicial los siguientes años, pues como se sabe la segunda dejará en unos meses más la presidencia del TSJE y su intención es heredar esa posición al manchimagistrado Héctor Maldonado Bonilla.
El resto de los diputados locales debe tener presente que en caso de no acatar la orden del juez federal que puso un plazo para resolver el asunto se harán acreedores a una multa y a diferentes tipos de responsabilidad tanto penal, civil y administrativa por no cumplir en tiempo y forma con la sentencia de amparo.
Es escandaloso e inmoral que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en lugar de defender la independencia judicial sea copartícipe junto con algunos diputados de vulnerar la autonomía del Poder Judicial.
Pronto veremos cuáles son esos sesudos argumentos legales que recomendó Elsa Cordero para negar la ratificación del ex magistrado y comprobaremos si son válidos o se tratan de una chicanada más a las que le encanta recurrir a la presidenta del TSJE para tapar todas sus irregularidades.