Sería un error que Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda o Anahí Gutiérrez Hernández, responsable del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa fueran los encargados de reparar las escuelas dañadas por el sismo, porque ese proceso corre el riesgo de prolongarse meses o años.
Algo no cuadra entre las afectaciones y el costo que tendrá la reparación de las escuelas tlaxcaltecas que resultaron dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.
La Secretaría de Educación Pública en el estado ha presumido casi todos los días el regreso a clases de más escuelas y ha minimizado los daños que sufrieron los inmuebles al destacar que éstos garantizan la seguridad de los alumnos y maestros.
Sin embargo, ahora se sabe que son mil cuatro escuelas – cerca del 30% del total de planteles – afectadas en el estado, de las cuales sólo dos serán demolidas y construidas nuevamente. Para atender esos daños el secretario de Educación Pública a nivel nacional, Aurelio Nuño Meyer, anunció la inversión de más de 300 millones de pesos en Tlaxcala.
Dicha cantidad hace suponer que hay más de dos escuelas con daños graves, porque dudo que reparar cuarteaduras en paredes o quitar y volver a revocar algunos salones implique la suma que se manejó ayer por las autoridades federales y estatales.
Valdría la pena que Manuel Camacho Higareda diera información precisa sobre las condiciones y daños que sufrió la infraestructura educativa en la entidad, así como quién será el responsable de la reconstrucción de las escuelas y los plazos que se emplearán para dichas obras, porque para nadie es un secreto que Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda o Anahí Gutiérrez Hernández, encargada del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa no están calificados para esa tarea.
Pero tampoco nos vayan a decir que el encargado de la reconstrucción será el ladino Carlos Bailón Varela, actual secretario técnico de la Oficina del Gobernador, quien en su tiempo libre le gusta asignar y contratar a las empresas constructoras que están siendo favorecidas en la actual administración.
Y cuando decimos que el responsable de la Secoduvi Francisco Javier Romero no está capacitado, tiene que ver con sus más recientes y disparatadas declaraciones en torno a la ejecución de los recursos para obra pública programados para este año y que rondan los 800 millones de pesos.
Según él, ya se han asignado y concursado 500 millones de pesos, pero sólo él sabe en dónde están esos trabajos porque las obras del gobierno del estado hasta ahora son contadas.
O cuando se pone a balbucear respecto a la ampliación del estadio de futbol Tlahuicole. El responsable de la Secoduvi dijo que el proyecto lleva un 50% de avance, de ahí que en un mes más podremos conocer el plan final una vez que concluyan los estudios que se realizan para concretar esa obra que en junio pasado anunció el gobernador Marco Mena.
La ampliación del estadio era urgente porque la Federación Mexicana de Futbol otorgó un plazo de diez meses para modificar ese inmueble, donde se supone que jugará el equipo de Coyotes de Tlaxcala que logró hace unos meses un lugar en la liga de ascenso a la Primera División.
Si para planear una obra urgente Romero Ahuactzi ocupó varios meses, para licitarla empleará otros más, lo que sin duda implicará que la ampliación del estadio se concretará a finales del 2018 si bien nos va.
Y pensar que Anahí Gutiérrez, titular del Itife, puede encargarse de la reconstrucción de las escuelas es imposible. Si no pudo elaborar los dictámenes de seguridad estructural difícilmente podrá operar la reparación de los daños que dejó el sismo.
Ojalá el gobernador Marco Mena designe a alguien capacitado para esa tarea, porque corre el riesgo de que su administración quede mal en la reconstrucción.
El caso del ex magistrado
Hoy se escribirá una página más del caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar que puso a sufrir al Congreso del estado que tendrá que emitir un fallo respecto a la ratificación o no del abogado como miembro del Tribunal Superior de Justicia.
La tarde de ayer, dicen que la casa de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Elsa Cordero Martínez, fue la sede de un cónclave donde se acordó los pasos a seguir en ese espinoso asunto.
Además de Elsa Cordero estuvieron los magistrados Héctor Maldonado Bonilla y Felipe Nava Lemus, quienes le tiraron línea al diputado Mariano González Aguirre, quien lleva la encomienda de impedir el regreso de Fernando Bernal.
Pronto veremos cuál fue el resultado de esa reunión secreta.