Han pasado casi nueve meses y la mayoría de los presidentes municipales agotó el bono democrático que suelen otorgar los ciudadanos para esperar resultados. Algunos alcaldes llegarán con cierto respaldo a su primer informe de gobierno, pero otros empezarán a enfrentar el rechazo social.

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Aunque los ciudadanos han hablado de manera limitada del desempeño de los presidentes municipales, un reciente estudio revela que muy pocos alcaldes tlaxcaltecas lograron una calificación aprobatoria de sus administraciones, lo que sin duda confirma que está por caducar el bono democrático que suelen recibir por parte de sus gobernados.

La atención de los ciudadanos se ha centrado en el trabajo del gobierno de estado, pero también han evaluado la actividad de los alcaldes cuya realidad podría cambiar cuando comprueben que sus administraciones han empezado a causar cierta molestia entre la población.

Por ejemplo, en Apizaco la población no está satisfecha con la seguridad pública, pues en su opinión el municipio se encuentra hoy más inseguro con respecto al año pasado. La aplicación del alcoholímetro en esa ciudad ya ha generado rechazo hacia el alcalde, así como la reciente aplicación de multas por parte de agentes de vialidad que en los últimos días les ha dado por infraccionar a los conductores de automóviles por supuestamente exceder los límites de velocidad.

En Chiautempan el malestar social va en aumento porque las autoridades municipales se han mostrado incapaces para resolver varios problemas como el de los baches y la inseguridad. Los ciudadanos perciben a un alcalde que está más interesado en cumplir sus compromisos políticos que en resolver la problemática de esa población.

Los presidentes municipales del oriente del estado simplemente no pueden con la inseguridad y los ciudadanos están cansados de los atracos que sufren en esa zona.

La luna de miel entre autoridades municipales y ciudadanos está por terminar. Hay ediles que iniciaron sus gobiernos a toda prisa y nunca se administraron para un periodo de cuatro años y ocho meses, pues en estos casi nueve meses que llevan como alcaldes jugaron todas sus cartas, por lo que ya no tendrán nada nuevo que ofrecer en los próximos años.

Además, es probable que el próximo año los presupuestos de los ayuntamientos sean limitados y su capacidad para realizar obra pública se reduzca, ya que el panorama económico del país no luce óptimo sobre todo cuando se tendrá que destinar importantes sumas de recursos para la reconstrucción que se llevará a cabo luego de los daños que dejaron los sismos del 7 y 19 de septiembre.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el gobierno del estado dispondrá de un presupuesto ajustado para el 2018 que no incluye grandes obras, lo que sin duda afectará a los presidentes municipales que desde ahora deberán gestionar recursos con los diputados y las dependencias federales para tratar de obtener fondos que se traduzcan en acciones que los ciudadanos puedan ver.

El otro año se conocerá cómo han manejado los recursos, pues enfrentarán el proceso de fiscalización por parte del Congreso del estado. Veremos si para entonces algún ex alcalde ya se encuentra preso y los criterios para aprobar las cuentas públicas de los actuales ediles se ajustan a los lineamientos que permitieron presentar 30 denuncias penales contra igual número de ex presidentes municipales.