Manuel Camacho Higareda, actual secretario de Educación Pública fue víctima de las circunstancias y de otros funcionarios estatales que un cumplieron con su trabajo. Nunca imaginó que el regreso a clases tras el sismo de la semana pasada fuera tan complicado y desgastante para su imagen.
La disposición de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal de exigir dictámenes de seguridad estructural en cada uno de los planteles para poder regresar a clases puso a parir chayotes al titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda.
Dicha medida fue solicitada el pasado viernes por la tarde, es decir, tres días después del terremoto registrado el pasado 19 de septiembre, situación que complicó el trabajo de las autoridades estatales que ya habían anunciado el retorno a clases para el 25 de septiembre.
La revisión de las escuelas del estado tenía un avance importante y en la mayoría de los casos se había comprobado que si bien había afectaciones, éstas no representaban un mayor riesgo para los alumnos y maestros.
Sin embargo, las instancias responsables de la supervisión como Protección Civil a cargo de Joaquín Pluma Morales y el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) que dirige Anahí Gutiérrez Hernández se relajaron y dejaron de elaborar los dictámenes que dieran la certeza de que no había ningún tipo de riesgo en casi la totalidad de las instituciones educativas del estado, salvo dos que ya se determinó que deberán ser demolidas.
Si hubo alguien que desde el primer día mostró preocupación por los probables daños provocados por el sismo fue el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que de inmediato ordenó la suspensión de clases el mismo 19 de septiembre y pidió a sus funcionarios llevar cabo una revisión de la infraestructura educativa para garantizar la seguridad de la población estudiantil.
El gobierno del estado nunca ha ocultado información sobre las afectaciones del terremoto, pues al día siguiente de ese fenómeno natural ya se conocía, en una primera revisión, que el número de escuelas dañadas superaba las doscientas y que la supervisión de los inmuebles se mantenía vigente.
La actitud de los padres de familia de exigir los dictámenes de seguridad estructural es entendible, así como la preocupación de algunos directores de escuelas que ante la falta de ese documento optaron por suspender labores, sin embargo es ilógico pensar que la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala dispuso la reanudación de actividades en inmuebles que no fueran seguros.
La sicosis que se vive por los daños provocados por el terremoto en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Chiapas y Oaxaca está latente, pero en verdad dudo que Manuel Camacho como responsable de la educación en el estado esté tomando decisiones sin tener el sustento de que la seguridad de alumnos y maestros está garantizada.
Manuel Camacho está pagando los platos rotos de Protección Civil y del Itife. Su mala relación con el SNTE es más que evidente, pues lejos de contar con el respaldo de los maestros en este problema, éstos aprovecharon la ocasión para desgastarlo ante los alumnos, padres de familia y la sociedad al tratar de ponerlo como un funcionario irresponsable.
La crisis provocada por el terremoto sin lugar a dudas fue la novatada para algunos funcionarios estatales que demostraron que no están aptos para desempeñar ciertos cargos.