Aunque Tlaxcala no sufrió los daños registrados en la Ciudad de México, Puebla y Morelos tras el sismo del pasado 19 de septiembre, es evidente que hubo afectaciones que implicarán el desembolso de recursos públicos para reparar las escuelas dañadas que hasta el momento se desconoce con precisión su número exacto.  

 sismo

Sin duda el terremoto del pasado 19 de septiembre está representando la mejor prueba para varios miembros del gabinete estatal. Algunos la pasarán, pero otros quizá no, de ahí que no descarte cambios de funcionarios una vez que pase la crisis provocada por ese fenómeno natural, porque su actuación y comportamiento no ha sido el adecuado ni el esperado.

 Si bien el gobierno del estado ya inició con los trámites para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), es un hecho que la inexperiencia de funcionarios estatales con un papel clave en este tipo de desastres provocará que los expedientes se trabajen a marchas forzadas porque no hubo la planeación ni la coordinación necesaria para enfrentar esa crisis.

 De nada sirvió que la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela acompañara al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez por los recorridos que el mandatario llevó a cabo por los municipios de la entidad para constatar las afectaciones a Iglesias y otros inmuebles, cuando debió estar coordinando desde su oficina el trabajo de las dependencias estatales que estarían involucradas en la revisión y supervisión de esos daños.

 Mientras en Puebla desde el primer día se empezó a trabajar en la integración de los expedientes para acceder a los recursos del Fonden, en Tlaxcala los titulares de dependencias como la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, Protección Civil y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura no sabían que hacer para enfrentar el desastre generado por el terremoto.

 Esas dependencias están en manos de inexpertos que además carecen de los conocimientos para acceder al Fonden, lo cual quedó evidenciado en la reunión del Comité Técnico de Evaluación de Daños donde estuvieron presentes funcionarios federales que vinieron a dar a conocer los lineamientos y plazos que Tlaxcala tiene para solicitar el apoyo del gobierno federal.

 En dicha sesión de trabajo algunos miembros del gabinete se enteraron que el expediente que deberá presentar la administración estatal tendrá que integrar una evaluación y cuantificación de los daños registrados en Tlaxcala tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, así como fotografías georreferenciadas para sustentar legalmente el procedimiento.

 El trabajo que en esta crisis ha realizado la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a cargo de Francisco Javier Romero Ahuactzi ha sido malo y pésimo, porque sin ser experto en ingeniería estructural el funcionario aseguró que los inmuebles del gobierno del estado estaban bien y que no corren ningún riesgo de derrumbe.

 La directora del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Anahí Gutiérrez Hernández quedó rebasada desde el primer día, pues hasta el momento se desconoce si esa instancia ya elaboró los dictámenes de seguridad estructural de las escuelas públicas, requisito que solicitó la SEP federal para permitir el regreso a clases.

 En algunas instituciones educativas de la entidad los padres de familia rechazaron el dictamen emitido por Protección Civil a cargo de Joaquín Pluma Morales, pues comprobaron que la supervisión de esas escuelas fue realizada por personal que carece de los conocimientos necesarios para determinar si un inmueble sufrió o no daño estructural.

 Anabel Alvarado debería dejar de pensar en su futuro político y dedicarse de tiempo completo a su trabajo. Ella era la responsable de coordinar las acciones de las dependencias estatales y por lo que se ve falló en su primera crisis.