El pleito que hace unos días protagonizaron el bisoño legislador priista Mariano González Aguirre con la diputada panista Guadalupe Sánchez Santiago puso al descubierto la pantomima montada por un grupo de legisladores para “exigir” al gobierno del estado 25 millones de pesos etiquetados para el Congreso del estado.
Si el hijo del ex gobernador dominara su carácter que en ocasiones en tan explosivo como el de su papá, es muy probable que hubiera salido bien el montaje teatral para “pelear” los millones de pesos pactados a través de un convenio firmado por la pasada legislatura y el mandatario Mariano González Zarur.
Sin embargo, el pasado proceso de aprobación de las cuentas públicas de los ex alcaldes generó una confrontación entre diputados que tiró a la basura esa escenificación, que hay que decirlo, avanzaba con cierta credibilidad.
El diputado panista Juan Carlos Sánchez García tuvo un papel protagónico en esa obra y empezó a lanzar dardos con cierta dosis de veneno a la secretaria de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas, porque según él la funcionaria menista se negaba a depositar 25 millones de pesos establecidos en un convenio, del cual nadie se acordó en los primeros meses de este año, sino a finales de julio y principios de agosto cuando ya se trabajaba en la revisión de las cuentas públicas.
Todo iba de acuerdo a lo planeado, pero cuando llegó el momento de aprobar y reprobar cuentas públicas de algunos ex alcaldes, el asunto de los 25 millones de pesos se salió de control porque en una reunión entre legisladores donde se calentaron los ánimos, el minimanchis González Aguirre habría dicho que si el pleno avala los estados financieros de su papá y de la Secoduvi, el gobierno del estado procedería a entregar ese monto pendiente para ser repartido entre los 25 diputados.
Traicionado por sus genes, el joven político priista habría hablado sin pensar y sin medir las consecuencias de sus palabras. La legisladora panista Guadalupe Sánchez Santiago mostró altura y lo confrontó sin ningún temor. Y ahí mismo le exigió aplicar los criterios usados para la cuenta pública de la Secoduvi a las cuentas públicas de algunos ex presidentes municipales que estaban reprobadas.
La cuenta pública de la Secoduvi está plagada de irregularidades y pretendes ocultar la corrupción que existió en el gobierno de tu padre, se habría escuchado fuerte y claro.
El intercambio de descalificaciones subió de tono al igual que los gritos de los diputados involucrados. Un testigo mudo de ese pleito entre esos dos políticos de alcurnia fue el legislador perredista Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Al final, todos sabemos el desenlace. Las cuentas públicas de Mariano González Zarur y de la Secoduvi fueron aprobadas, no así los estados financieros de los ex ediles panistas como el de Zacatelco, Tlaxcala, Calpulalpan y Tlaxco.
Estoy seguro que el Congreso local si recibirá en sus cuentas los 25 millones de pesos que adeuda el gobierno del estado, pero ahora dudo que éstos se vayan a repartir entre los diputados como se tenía planeado, pues el sismo del pasado martes puede cambiar ese compromiso si al final se comprueba que el inmueble donde opera ese poder sufrió daños.
No cabe duda que el ex gobernador es un político precavido y al final dejó etiquetado el estímulo que iban a exigir los diputados para aprobar su cuenta pública. Quizá por esa razón ya se le ve caminando tranquilamente por las calles de Tlaxcala, como lo hizo el fin de semana pasado donde aprovechó la ocasión para sostener una reunión con sus ex colaboradores.