El trabajo que realizan los diputados locales en materia de fiscalización es de claroscuro, porque si bien por un lado demostraron que intentan castigar los probables actos de corrupción cometidos por ex alcaldes, por otro se muestran dóciles y temerosos sobre todo cuando el tema tiene que ver con el ex gobernador Mariano González Zarur.
Nadie en el Congreso del estado se atrevió a tocar ni con el pétalo de una rosa al poderoso ex mandatario Mariano González Zarur.
No se sabe si su hijo Mariano González Aguirre ahora si operó al interior del Poder Legislativo para lograr sin críticas la aprobación de la cuenta pública de su padre o simplemente los diputados locales encendieron su chip de sumisión y obediencia que tienen integrado y que por una extraña razón siempre funciona cuando se trata de asuntos relacionados con la pasada administración.
El hacendado que en estos días regresará de sus vacaciones que tuvo por el pueblo de Ruenes, una comunidad autónoma del Principado de Asturias, España, podrá presumir que todas sus cuentas públicas están aprobadas y que nadie intentará abrir investigaciones para sacar a la luz pública los negocios que se cometieron en los últimos seis años.
Todos lo saben pero nadie tiene la intención de documentar los grandes dividendos que se obtuvieron a través de empresas constructoras ligadas a familiares del ex titular de la Secretaría de Obras, Roberto Romano Montealegre, y a una camada de Juniors, quienes también incursionaron con comercializadoras y acapararon contratos millonarios en varias dependencias como la Secretaría de Salud.
Vaya el dinero fue tan abundante que a un junior con aspiraciones políticas le alcanzó para poner dos gasolineras, mismas que hoy surten el combustible a los vehículos del ayuntamiento de Huamantla que no tiene autorización para cargar en otras estaciones de servicio.
A nadie le importó que la Auditoría Superior de la Federación haya realizado tan sólo en el 2015 observaciones por más de mil millones de pesos al gobierno del hacendado.
Si a nivel local ya aprobaron la última cuenta pública de González Zarur, los quebrantos que la Auditoría Superior de la Federación pudiera registrar en 2016 y que en breve se darán a conocer resultarán irrelevantes, porque si en Tlaxcala nadie tiene la voluntad de exigir explicaciones al ex mandatario, a nivel federal le perdonaron todo luego que fue capaz de retener para el PRI el gobierno del estado.
El desorden financiero y los adeudos millonarios que heredó Mariano González a la nueva administración nunca se conocerán, pero los que tienen la información saben que ese cochinero ha implicado el pago de cientos de millones de pesos que complicaron el arranque del gobierno.
Hace un par de días comenté que la fiscalización de los diputados locales no estaba siendo pareja ni muchos menos usaban el mismo brasero para todos los casos. Me queda claro que todas las cuentas públicas de las dependencias estatales serán avaladas y serán los ex alcaldes los que tendrán que enfrentar la ley por haber incurrido en probables actos de corrupción.
Lo lamentable es que ya se empieza a hablar de negociaciones entre los diputados locales para tratar de salvar a unos ex alcaldes que según los dictámenes elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior las cuentan públicas enfrentan quebrantos millonarios y por lo tanto deben ser reprobadas.
Ojalá no se caiga en esa negociación porque la credibilidad que han ganado se puede ir al cagadero.